El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, criticó públicamente los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos importados desde el país sudamericano. La tasa fijada es de 12,5%. Barros calificó la medida de «muy injusta» en declaraciones a radio Infinita.
El secretario de Estado cuestionó la lógica del gravamen. Según Washington, el arancel responde a una evaluación sobre trabajo forzoso y estándares laborales. Barros lo rechazó de plano: «En Chile no tenemos trabajo forzoso ni esclavitud».
El ministro fue más lejos. Afirmó que los estándares laborales chilenos se ubican entre los más altos del mundo. Se atrevió a decir que superan incluso al estándar estadounidense. Esa afirmación pone en entredicho la justificación técnica del arancel.
Lo que más llamó la atención fue el cuestionamiento diplomático. Barros señaló que la medida «genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación». Mencionó la participación chilena en instancias de colaboración militar con Washington. Dijo que resulta contradictorio recibir ese trato de un socio tan próximo.
El ministro también abrió una señal geopolítica. Recordó que China es el principal socio comercial de Chile. Aclaró que Santiago no forma parte de ningún conflicto entre potencias. «Tenemos que tener relaciones con ambos», afirmó.
El reproche, según Barros, podría tener sentido si apuntara a proveedores de insumos o materias primas con problemas laborales documentados. Pero tampoco ese sería el caso. Lo definió como «desconcertante».
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Desde Ágora Capital, la lectura es más fría que la del ministro. Los aranceles de la administración Trump no discriminan por amistad diplomática. Discriminan por interés comercial y presión negociadora. Chile paga el costo de una política que busca reordenar cadenas de suministro globales, no castigar aliados.
El problema real no es el agravio simbólico. Es el impacto sobre exportadores chilenos que compiten en márgenes ajustados. Capital busca reglas claras. Un arancel que sube sin criterio técnico verificable es exactamente el tipo de ruido que encarece el riesgo país y enfría la inversión. La queja del ministro es comprensible. La solución pasa por la mesa de negociación, no por la radio.
