La megarreforma tributaria que aprobó el Congreso de Chile esta semana tiene defensores claros en el sector privado. Carolina Fuensalida, abogada UC y socia fundadora de Fuensalida & Del Valle, fue parte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Hoy analiza los cambios desde el sector privado.
Su diagnóstico es directo. «La más importante es la rebaja del impuesto de primera categoría», afirma. Sumada a la reintegración del sistema tributario, proyecta que hacia 2029 el mecanismo operará al 100%. El efecto: reducción de los tramos marginales más altos en impuestos personales, incluyendo el diferencial generado por el sistema semiintegrado aprobado en 2014.
Fuensalida no sobredimensiona el impacto. Una sola medida, advierte, no producirá «un alza explosiva de las tasas de crecimiento». Lo que sí sostiene es que la rebaja, combinada con reforma del mercado de capitales, reforma laboral y simplificación de permisos, puede atraer inversión de forma significativa. El ecosistema importa. «Se requiere estabilidad, certezas jurídicas», dice.
El frente abierto: invariabilidad tributaria y el TC
El punto más caliente de la reforma sigue en disputa. Parlamentarios de oposición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el régimen de invariabilidad tributaria. Fuensalida es enfática. «Estoy muy esperanzada de que en el Tribunal Constitucional se gane». Su lectura del requerimiento es dura: «Los argumentos que me ha tocado ver son errados». Detecta en el texto «mucho más un concepto político que un concepto que reconozca cómo ha sido nuestra historia».
Sobre la soberanía fiscal, desmonta el argumento central de los impugnadores. «No hay una renuncia de soberanía, no hay una renuncia de potestad», sostiene. Describe lo que percibe como un «trauma político» ligado al decreto 600, pero señala que la historia de la invariabilidad en Chile es anterior a ese instrumento.
El riesgo de reversión también está sobre la mesa. La reforma se aprobó por estrecho margen en varias de sus materias centrales. Fuensalida reconoce que los temas tributarios llevan más de una década siendo parte de los programas de gobierno. «Pensar que el elemento tributario no esté en las próximas discusiones creo que es difícil», admite.
Lo que el mercado necesita escuchar
La reforma chilena toca un principio elemental: el capital busca reglas claras. Cuando el Estado modifica las condiciones impositivas cada cuatro años según el color del gobierno, el inversionista de largo plazo —minería, infraestructura, proyectos intensivos en capital— descuenta ese riesgo antes de comprometer recursos. La invariabilidad tributaria no es un privilegio; es un precio que el Estado paga por credibilidad.
El requerimiento ante el TC no es un debate técnico. Es una señal política. Si prospera, Chile habrá aprobado una reforma y enviado simultáneamente el mensaje de que sus reglas pueden impugnarse antes de entrar en vigor. El costo de esa ambigüedad no lo paga el Congreso. Lo paga el contribuyente, en forma de menor inversión, menor empleo y menor recaudación futura.
