Chile tiene sobre la mesa un desafío muy concreto: pasar de los compromisos climáticos a su implementación. Ese fue el eje del encuentro «Colaboración público-privada: cómo implementar la agenda de acción climática», realizado el lunes 5 de octubre en Fundación Chile e impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente junto a ConvergEN+: Energía y Naturaleza Positiva.
La iniciativa ConvergEN+ es liderada por los ministerios de Energía, Medio Ambiente y Hacienda, financiada por el GEF, implementada por PNUMA y ejecutada en el país por Fundación Chile. En ese marco, la jornada revisó la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), el instrumento que orienta la acción climática de Chile con una perspectiva de 30 años.
Tras el cierre de la participación ciudadana el 22 de septiembre, la actualización avanzará a su versión definitiva, con observaciones incorporadas. Luego será revisada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y, si se aprueba, seguirá con el Decreto Supremo, la revisión por Contraloría y su publicación en el Diario Oficial. Según el cronograma técnico, la entrada en vigencia está prevista para enero de 2027.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, puso el foco en la responsabilidad del Estado para destrabar la agenda. «Desde el Ejecutivo es nuestra responsabilidad generar ese marco regulatorio que permita que los privados participen», dijo. También afirmó que el Gobierno trabaja para sacar las barreras que impiden proyectos y asegurar que «se concreten lo antes posible».
Desde Fundación Chile, Hernán Araneda sostuvo que el país necesita crecer con iniciativas de desarrollo sostenible y transformar la implementación en nuevos negocios. A su juicio, el cambio climático y el medio ambiente «tienen que ir de la mano con las inversiones».
En la conversación participaron representantes de Copenhagen Infrastructure Partners, LATAM Airlines Group, ISA Energía Chile, Aguas Pacífico y el Ministerio de Obras Públicas. Las intervenciones se centraron en mitigación, adaptación, gestión de riesgos y resiliencia desde distintas actividades e infraestructuras.
Johanna Cabrera, gerenta de Sostenibilidad de Latam Airlines Group, señaló dos elementos que considera clave para traducir la mitigación en acción concreta: «seguridad jurídica» y proyectos enfocados en carbono de alto valor e innovación. Agregó que iniciativas como ConvergEN+ entregan una hoja de ruta para pasar «de la conversación» a la acción concreta.
Marcelo Urrutia, jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, valoró el espacio y afirmó que el sector privado, a través de su estructura de inversiones, «termina aportando significativamente a la modernidad del sistema», mientras que las regulaciones del Estado, junto con la acción privada, apalancan mejores resultados ambientales.
La novedad más relevante del encuentro fue el anuncio de Toledo sobre una «Plataforma País» para movilizar inversión climática en Chile. La ministra dijo que el diseño y la puesta en marcha han sido priorizados en la propuesta al programa Readiness del Fondo Verde para el Clima.
Según explicó, el objetivo es crear un espacio de coordinación liderado por el Estado que reúna a ministerios, empresas, desarrolladores de proyectos, banca e inversionistas para identificar barreras, definir prioridades y construir carteras de proyectos. También busca conectar esos proyectos con garantías, financiamiento concesional o mecanismos de reducción de riesgos.
El punto de fondo es claro: cuando la regulación y la coordinación institucional se vuelven el centro, el capital espera señales más nítidas para moverse. Capital busca reglas claras, y en este caso la discusión gira precisamente en torno a eso: cómo reducir fricciones para que la inversión llegue a proyectos viables.
La lectura editorial es inevitable. Si la plataforma logra destrabar iniciativas, puede ordenar el flujo de inversión y mejorar la productividad de los proyectos. Pero si termina como otra capa de coordinación estatal, el riesgo es que el aparato público siga acumulando funciones en vez de resolver obstáculos reales para la libre empresa.
Los números primero. En esta agenda, el reto no es la retórica climática, sino la capacidad de convertir marco regulatorio, seguridad jurídica y financiamiento en capitalización efectiva. El mercado ya votó: sin proyectos claros y sin reglas estables, los recursos no se asignan solos.
