El Senado chileno aprobó en comisión postergar hasta el 7 de enero de 2028 la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU), que desde el 7 de julio exigía a los supermercados exhibir al menos un 30% de botellas retornables en sus vitrinas de bebestibles. La medida aún debe completar su tramitación legislativa.
El problema de fondo es de oferta, no de voluntad. Los antecedentes presentados durante la discusión legislativa indican que solo dos grandes fabricantes cuentan con capacidad de producir envases retornables a escala. Exigir al comercio minorista que exhiba un producto que los proveedores no fabrican en volumen suficiente es, en términos de política pública, un cortocircuito regulatorio.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) lo planteó con precisión: «No resulta razonable responsabilizar al comercio por una disponibilidad de productos que depende de fabricantes y proveedores». El gremio respalda los objetivos ambientales, pero exige que las obligaciones recaigan sobre lo que cada actor puede efectivamente controlar.
En paralelo, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) —que cumple diez años desde su promulgación— y la Ley Chao Bolsas Plásticas también están en proceso de ajuste. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, reconoció que «la economía circular no avanza con regulaciones aisladas, sino con un ecosistema normativo que entregue certezas». La cartera trabaja, según indicó, en armonizar las tres normas para que operen como un sistema.
Fundación Basura añadió otro diagnóstico: la falta de un lenguaje común entre municipios, fiscalizadores y empresas genera ambigüedades que frenan el cumplimiento. Su directora ejecutiva, Tamara Ortega, pidió «un periodo de acompañamiento donde el foco sea resolver los cuellos de botella» antes de escalar la fiscalización.
El Pacto Chileno de los Plásticos identificó brechas adicionales: infraestructura insuficiente, educación ambiental incipiente y ausencia de incentivos para el ecodiseño. Su directora ejecutiva, Alejandra Kopaitic, advirtió que para cumplir las metas de 2030 se requiere «articular regulación, innovación, inversión e incentivos económicos».
En cuanto a la Ley Chao Bolsas, la CCS pide que cualquier modificación resguarde la inocuidad alimentaria y considere el impacto sobre las pymes. Fundación Basura propone subsidios para el ecodiseño y facilitar a las empresas pequeñas el acceso a proveedores que cumplan la normativa.
La lectura de Ágora Capital. Este episodio ilustra un patrón recurrente en la regulación ambiental latinoamericana: el aparato estatal fija metas y plazos sin verificar primero si el mercado tiene las condiciones para responder. El resultado es previsible —postergaciones, ambigüedades y costos trasladados al comercio minorista y, en última instancia, al consumidor—. La solución no es menos ambición ambiental; es más rigor técnico antes de legislar y más incentivos de mercado para que la inversión privada desarrolle la infraestructura que ninguna norma puede crear por decreto.
