El Congreso chileno inició esta semana la discusión de un proyecto de ley que modifica los mecanismos de adaptabilidad de la jornada de 40 horas semanales, aprobada en 2023 bajo el gobierno anterior. La iniciativa amplía el período máximo de referencia desde 4 hasta 16 semanas para el régimen general, manteniendo un límite de hasta 45 horas ordinarias por semana en cada ciclo.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue enfático: «Las 40 horas no se cambian. Lo que se está cambiando es cómo se promedian o calculan las 40 horas». La aclaración llegó tras la arremetida de las exministras Camila Vallejos y Jeannette Jara, quienes advirtieron que los cambios permitirían semanas de hasta 52 horas, señalamiento que Rau rechazó de plano.
El proyecto incluye además un régimen especial para el sector turismo —hotelería, gastronomía, entretenimiento y operadores turísticos—, cuya actividad registra fluctuaciones estacionales significativas. Para ese sector, el ciclo de referencia se extiende hasta 52 semanas, con el mismo techo de 45 horas ordinarias semanales.
El respaldo comparado es concreto. Según un análisis del Ministerio del Trabajo, 20 países de la OCDE cuentan con mecanismos similares, con un período de referencia promedio cercano a 15 semanas. Italia, por ejemplo, permite organizar la jornada para que promedie 40 horas en un ciclo de 16 semanas. El promedio de horas semanales trabajadas en la OCDE se sitúa en 41 horas; Chile registra 42 este año.
El abogado y exdirector del Trabajo Marcelo Albornoz calificó el proyecto como «coherente y con respaldo de experiencias comparadas en países desarrollados que datan de varias décadas». Soledad Hormazábal, directora de Evidencia en Pivotes, advirtió que «sin más flexibilidad, reducir la jornada equivale a encarecer cada hora trabajada, lo que perjudica el empleo formal».
El contexto no es menor: el gobierno ha reconocido que las 40 horas, sumadas a las alzas del salario mínimo de los últimos cuatro años y la mayor cotización previsional derivada de la reforma de pensiones, han elevado los costos laborales de las empresas. La discusión se produce mientras el gobierno articula un paquete de reformas de mediano y largo plazo orientado a mejorar las tasas de formalidad laboral.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: la rigidez horaria no protege al trabajador, lo expulsa del mercado formal. Cuando cada hora adicional dispara costos fijos, las empresas responden con contratos intermitentes, informalidad o simple reducción de plantilla. La flexibilidad en los ciclos de referencia no es un retroceso social; es la condición mínima para que una jornada reducida sea fiscalmente sostenible y no se convierta en un impuesto encubierto al empleo. Capital busca reglas claras, y el mercado laboral no es la excepción.
