La última ronda de negociaciones entre el representante de la Oficina de Comercio de EE.UU. y la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile terminó sin acuerdo cerrado. Santiago espera la respuesta de Washington a su propuesta, cuyo contenido se mantiene bajo estricta reserva.
El nudo central es el arancel de 12,5% que la administración Trump impuso a Chile junto a decenas de otras naciones. La justificación formal —uso de insumos fabricados en condiciones de esclavitud— es calificada por el editorial de La Tercera como «espuria» en el caso chileno, dado que el país cuenta con un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. vigente desde 2004 que garantiza arancel cero a sus exportaciones.
Washington ya había ofrecido un Acuerdo de Comercio Recíproco con tarifa del 10%, fórmula que otros países sin TLC aceptaron. Chile la rechazó. Según lo que ha trascendido, ese rechazo habría motivado que se aplicara el nivel máximo contemplado: el 12,5%.
Tres líneas rojas en juego
Primero, la vigencia del TLC de 2004: la posición chilena es que una sobretasa unilateral vulnera lo pactado y no puede aceptarse sin más.
Segundo, y más delicado, la posibilidad de que EE.UU. condicione o vete acuerdos comerciales que Chile suscriba con terceros. La Cancillería, según el análisis disponible, no debería consentir esa exigencia bajo ninguna forma. Chile ha construido una red de alrededor de treinta acuerdos que abarcan más de 60 economías. Ceder ese flanco equivaldría a renunciar al eje de su política exterior.
Tercero, el «cable chino»: Washington ha sido categórico en que la infraestructura de conectividad submarina que vincule a China con costas chilenas representa una amenaza para la seguridad norteamericana. Un eventual acuerdo podría incluir un mecanismo de screening de inversiones, figura que existe en distintas partes del mundo, siempre que no derive en decisiones discrecionales.
Acelerar la diversificación, la cobertura real
Frente a la incertidumbre, la recomendación que emerge es acelerar los acuerdos comerciales en negociación, entre ellos el de India, como resguardo ante cualquier escenario adverso con Washington.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el episodio ilustra con precisión el costo de depender de un solo socio estratégico cuando ese socio decide usar el acceso a su mercado como moneda de cambio geopolítico. La red de TLC chilena es uno de los activos de libre mercado más sólidos de América Latina; sacrificarla —o permitir que un tercero la condicione— sería destruir capital institucional acumulado en décadas. Capital busca reglas claras, y ninguna regla es más clara que un tratado firmado. Si Washington presiona para reescribir esas reglas en su favor, el costo lo paga primero el exportador chileno y, en última instancia, el consumidor norteamericano que pierde acceso a bienes más baratos. El mercado ya votó hace veinte años cuando el TLC entró en vigor; la política no debería deshacer ese veredicto.
