Tras la aprobación de la megarreforma fiscal liderada por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, el gobierno de José Antonio Kast abre su segunda fase con una ambiciosa agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. El responsable de pilotearla será el ministro de Seguridad Martín Arrau, del partido Republicano.
El paquete incluye nuevo impulso a 19 proyectos de ley en tramitación, nueve mensajes legislativos adicionales y, como pieza central, una reforma constitucional enfocada en seguridad pública. El corazón de esa reforma: la creación de un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo con rango constitucional.
Propiedad en la mira
El rango constitucional no es un detalle menor. Al elevar el registro a ese nivel, el Ejecutivo busca habilitar la afectación de derechos y garantías de quienes integren esas organizaciones. La consecuencia más concreta: la incautación temprana de bienes por el solo hecho de pertenecer a una banda listada. Para ello, el gobierno evalúa modificar aspectos del artículo 19 de la Constitución, que regula el derecho a la propiedad. Además, la sola pertenencia a una organización del registro quedaría tipificada como delito en sí mismo.
Fuentes del Ejecutivo señalan que el modelo de referencia es el italiano, cuya normativa legal y constitucional permite medidas similares, incluida mayor segregación carcelaria para miembros de organizaciones criminales reconocidas.
El debate sobre el control judicial
El punto más sensible del borrador es el mecanismo de control. Según fuentes parlamentarias, el ministro Arrau transmitió en el Congreso que la propuesta en discusión contempla que el registro no tenga control judicial. En su lugar, sería el Presidente de la República quien proponga incorporar una organización al listado —previo informe del Ministerio Público— y el Senado tendría un plazo definido para impugnar esa propuesta. Si no hay pronunciamiento en ese plazo, la inclusión se entendería aprobada.
Esa arquitectura genera tensiones incluso dentro del oficialismo: algunos sectores dudan de la conveniencia de excluir al Poder Judicial del proceso y depositar esa facultad en la Cámara Alta. La decisión definitiva aún no está tomada, aunque esa es la opción que más fuerza ha ganado al interior del gobierno.
El borrador de la reforma constitucional ya está redactado, pero los detalles técnicos siguen abiertos. El Ejecutivo ha consultado con cuatro abogados constitucionalistas y mantiene conversaciones con parlamentarios. La meta es ingresar el texto al Senado en dos o tres semanas.
Lectura de Ágora Capital
La propuesta toca un nervio central del orden liberal: el equilibrio entre eficacia del Estado y garantías individuales. Incautar bienes sin sentencia previa y sin revisión judicial es una herramienta de alto poder —y de alto riesgo institucional— que exige blindajes procesales robustos. El modelo italiano que cita el gobierno tiene décadas de jurisprudencia detrás; Chile estaría construyendo esa arquitectura desde cero.
Lo que el mercado observará con atención es la definición del artículo 19: cualquier modificación al régimen de propiedad privada envía señales que van más allá de la seguridad. Capital busca reglas claras, y la claridad aquí depende de que el registro opere con criterios objetivos, transparentes y revisables. El crimen organizado destruye inversión y empleo; pero un registro sin freno judicial también puede convertirse en una herramienta discrecional. El diseño final lo dirá todo.
