El programa Becas Chile arrastra 1.666 personas en incumplimiento y una deuda declarada cercana a los $92 mil millones para el Estado chileno. Así lo reveló una revisión encargada por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y presentada este lunes ante la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados.
Desde su creación, el programa adjudicó 12.589 becas a 11.340 personas, con una inversión ejecutada de $688 mil millones y beneficiarios distribuidos en 40 países. Un 33% ya cumplió sus obligaciones, un 46% se encuentra en período de gracia o retribución, y un 14% mantiene incumplimiento declarado ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Los números del retorno fiscal son elocuentes: al 2 de agosto el Estado había recuperado $5.064 millones, equivalentes al 7,3% de la deuda total. De ese monto, $1.364 millones corresponden a pagos directos, $3.622 millones a convenios suscritos con ANID y apenas $78 millones a procesos judiciales concluidos. Actualmente permanecen 379 becas en proceso judicial por un monto cercano a $15.100 millones.
Más allá de la deuda ya declarada, el Ministerio identificó un riesgo potencial sobre otros $481 mil millones correspondientes a becarios aún en período de gracia, retribución o cursando estudios en el exterior. El riesgo total sobre el erario es, por tanto, de una magnitud considerablemente mayor a la cifra que hoy figura en los registros de incumplimiento.
Ante el diagnóstico, Lincolao anunció la suspensión de la convocatoria 2026 para becas de magíster y posdoctorado en el extranjero, mientras se implementan mejoras en el sistema de seguimiento. Las becas de doctorado en el exterior y los programas nacionales continuarán operando. El plan de modernización contempla priorizar áreas como inteligencia artificial, seguridad, ingeniería y computación cuántica, e incorporar IA para el rastreo de beneficiarios.
La ministra precisó que la cifra de incumplimiento bajó «de más de 2.000 a 1.666 personas» gracias a gestiones de la administración actual, y descartó recortes: «No hay recorte presupuestario, solo ajustes estratégicos y optimizaciones del presupuesto». Para 2027 anunció incluso un aumento de 50 cupos en la beca nacional de doctorado.
Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Ciencias, Daniel Manouchehri (PS), reconoció que «el incumplimiento y la baja recuperación de los recursos son graves y deben corregirse». El presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, valoró la modernización pero advirtió que la reforma debe sustentarse en información pública, criterios transparentes y un proceso de discusión amplio.
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La lectura de Ágora Capital. Lo que el informe desnuda no es un problema de diseño académico: es un problema de gestión del dinero del contribuyente. Dieciséis años y $688 mil millones invertidos con un sistema de seguimiento que, según la propia ministra, expone al Estado a un «riesgo de retorno fiscal» cuantificable en cientos de miles de millones. Recuperar el 7,3% de la deuda declarada no es un resultado; es una señal de que el aparato estatal careció de los incentivos y los mecanismos para exigir la contraprestación prometida.
El libre mercado no resuelve el problema solo, pero sí ofrece la pregunta correcta: si un privado financiara formación de posgrado en 40 países con ese nivel de morosidad y esa tasa de recuperación, el modelo habría quebrado hace años. Que el Estado pueda absorber la pérdida no lo convierte en sostenible; lo convierte en un subsidio opaco, financiado por quienes nunca tuvieron acceso al beneficio.
