Los números llegaron antes que los aplausos. Un estudio encargado por la bancada PPD e Independientes a la Biblioteca del Congreso Nacional determinó que el proyecto de ley presentado por el Partido de la Gente (PDG) —que reembolsa la compra de pañales y ciertos medicamentos— genera un beneficio mensual de solo $3.534 por beneficiario.
El cálculo es directo: el informe financiero del proyecto fija un costo fiscal anual de $90.115 millones de pesos. De ese total, las transferencias corrientes a personas suman $89.600 millones. Dividido entre el número de beneficiarios, el monto anual por persona alcanza $42.410, es decir, $3.534 al mes.
Ese proyecto fue, según el PPD, la «moneda de cambio» que el PDG negoció con el gobierno del ministro Quiroz a cambio de respaldar la megarreforma tributaria. El diputado Carlos Bianchi, miembro de la Comisión de Hacienda, fue directo: «Mientras la reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile alrededor de 4.200 millones de dólares, una chilena y chileno del 80% más vulnerable podría llegar a recibir $3.534 per cápita mensuales».
El diputado José Montalva subió el tono: «El PDG vendió a los chilenos, a la clase media, a las Pyme, por un plato de lentejas al mes. Por $3.500 pesos al mes para 1 de 10 chilenos. Es decir, 9 chilenos no reciben nada». Montalva advirtió además que la reforma «hipoteca» los tributos por hasta 20 años.
La diputada Andrea Parra añadió que el acuerdo desincentivaría la inversión y dañaría la cohesión social en los próximos cinco años. El presidente del PPD, Raúl Soto, fue más categórico: el país «deja de recaudar más de 4 mil millones de dólares» sin compensaciones fiscales, comprometiendo eventuales derechos sociales y beneficios para la clase media.
Lo que el mercado ya sabe. Cuando el Estado canjea una rebaja tributaria estructural —con impacto de miles de millones de dólares— por una transferencia de $3.534 mensuales, no está construyendo política social: está administrando la apariencia de ella. El costo real recae sobre el contribuyente futuro y sobre la inversión privada que necesita previsibilidad fiscal para comprometer capital de largo plazo.
La aritmética es implacable: $90.115 millones anuales en gasto nuevo, financiados con deuda o recortes por venir, frente a un beneficio per cápita que no alcanza para un café. Eso no es redistribución; es el precio que paga la libre empresa cuando la política de coalición reemplaza al análisis costo-beneficio. Capital busca reglas claras, y esta reforma envía la señal contraria.
