El Senado de Chile vota este miércoles la megarreforma de inversiones impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El texto llega a la sala con uno de sus nudos más debatidos ya resuelto: el momento desde el cual comienza a correr la invariabilidad tributaria.
La respuesta es técnicamente precisa. Según el texto legislativo, «los plazos se contarán desde la puesta en marcha del respectivo proyecto», entendida como «el ejercicio en el cual se perciban o devenguen ingresos brutos pertenecientes a su giro principal». En otras palabras, los años de construcción no consumen el beneficio.
Tres tramos, una lógica de retorno
La invariabilidad opera por tramos de monto. Para inversiones de entre US$ 50 millones y menos de US$ 100 millones, el plazo es de 10 años. Entre US$ 100 millones e inferiores a US$ 350 millones, sube a 15 años. Para montos iguales o superiores a US$ 350 millones, el congelamiento alcanza los 20 años. A cambio, quien suscriba el contrato paga un sobrecargo de 1,5% sobre el impuesto de primera categoría.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, había advertido la semana pasada que «los proyectos demoran en generar ingresos» y que los años de invariabilidad «no pueden absorber un porcentaje importante» del plazo antes de que haya utilidades. El Ejecutivo respondió en la comisión de Hacienda del Senado con la definición que quedó en el texto.
Cuatro firmas, un veredicto
Joseph Courand, socio de Tax & Legal en Deloitte, señala que «el diseño tiene una lógica económica clara: la invariabilidad protege rentas, y mientras el proyecto está en construcción no hay renta que proteger». Agrega que en proyectos mineros o de infraestructura la fase de obras «puede ser cinco o más años».
Darío Romero, de EY, coincide: «dado que en etapas preoperativas las empresas normalmente no pagan impuesto a la renta, si se contara desde el inicio del desarrollo del proyecto, habría años en que la invariabilidad no sería útil». Loreto Pelegrí, de PwC Chile, apunta que «si se quiere dar certeza y evaluar un proyecto o inversión y dar estabilidad, debe ser desde que existan ingresos devengados o percibidos». Andrés Martínez, de KPMG Chile, añade que la fórmula evita que «los plazos se consuman durante las fases de construcción o desarrollo inicial».
El único reparo técnico lo plantea Martínez: la definición del hito de inicio debe amarrarse con precisión —¿la primera factura?— para evitar litigios futuros sobre el cómputo.
Antecedente local y comparación regional
El diseño recupera la lógica práctica del antiguo DL 600, donde el plazo corría desde el inicio de la actividad productiva, no desde la firma. Courand sitúa el contexto regional: Argentina ofrece 30 años contados desde la adhesión al régimen; Perú permite adelantar la protección a la etapa de construcción, pero descuenta esos ejercicios del plazo garantizado. Chile opta por congelar las reglas desde la firma sin tocar el cómputo.
Una vez aprobado en el Senado, el proyecto pasará a tercer trámite en la Cámara de Diputados para revisar los cambios introducidos en la Cámara Alta.
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Desde Ágora Capital, el diagnóstico es directo: capital busca reglas claras, y esta reforma las entrega en el momento que importa, cuando el flujo existe y el riesgo operativo es real. Que cuatro de las principales firmas de auditoría del mundo validen la fórmula sin disenso relevante no es un detalle menor; es una señal de que el diseño sobrevivirá el escrutinio de los equipos de due diligence internacionales. El costo —el sobrecargo de 1,5%— es el precio de la certeza, y para proyectos de largo aliento en minería o infraestructura, esa certeza vale más que cualquier reducción marginal de tasa.
