Los números son contundentes. Chile pasó de 43.941 carabineros en 2020 a 38.134 en 2025, una pérdida estimada de mil uniformados por año. Si la tendencia no se revierte, la proyección del Ejecutivo indica que al 2030 solo habrá 34.000 suboficiales en las calles. El mercado de la seguridad pública, como cualquier otro, responde a incentivos — y los incentivos actuales apuntan en la dirección equivocada.
El ministro Martín Arrau (Republicano) presentará indicaciones a un mensaje ingresado al Senado en mayo de 2025 por el expresidente Gabriel Boric y el exministro de Seguridad Luis Cordero. El paquete se organiza en cinco pilares y compromete una inversión anual permanente de $100.394 millones, más $111.783 millones en equipamiento durante el período 2027-2031.
Puerta de entrada. Uno de cada cinco alumnos abandona la formación, y la mayoría no lo hace por falta de vocación sino por razones económicas. Las indicaciones proponen triplicar el estipendio mensual: de $70.271 a $246.285 líquidos. El Estado asumiría el 100% del internado y financiaría los exámenes médicos de admisión, que rondan los $500.000. La meta es reducir la deserción en formación del 22% al 15%, y escalar el egreso de 963 carabineros en 2026 a 2.300 en 2028.
Retención y riesgo. Hoy, servir en una comuna de alto riesgo tiene una remuneración prácticamente igual que hacerlo en un territorio tranquilo. Las indicaciones modifican la Gratificación Especial de Riesgo, elevando su tope del 20% actual hasta el 100% del sueldo en posesión, y eliminan la incompatibilidad que excluye al personal graduado. Se suman una Asignación por Eficiencia Institucional del 10% del sueldo base, trimestral y ligada a metas de gestión, y una Gratificación de Criticidad de hasta 30% para funciones estratégicas.
De vuelta a la calle. Las indicaciones habilitan la contratación de personal civil para funciones administrativas y de notificación, con el objetivo de reemplazar cerca de 1.000 puestos hoy ocupados por uniformados. Sumada la reorganización interna, el Ejecutivo estima que alrededor de 1.148 funcionarios volverán al patrullaje y la respuesta operativa.
Equipamiento y digitalización. El plan contempla más de 20.000 chalecos antibalas nivel III-A modular, más de 4.300 cámaras corporales y 17.758 teléfonos con sistema CAD Móvil para digitalizar procedimientos en terreno y georreferenciar cada actuación en tiempo real.
La extensión de carrera se amplía de 30 a 35 años para el retiro voluntario, y el derecho a pensión de retiro se alcanzará a los 23 años de servicio efectivo. Estas condiciones aplicarán solo a los futuros ingresos; el personal actual mantiene íntegras sus condiciones vigentes.
Ágora Capital subraya lo que el debate político suele omitir: la escasez de carabineros no es un problema de voluntad institucional, es un problema de precios. Durante años el Estado fijó incentivos insuficientes para atraer y retener a quienes asumen el mayor riesgo físico del servicio público. El resultado es una curva de oferta en caída libre. El paquete de Arrau aplica, con retraso, la lógica más elemental del mercado laboral: si quieres más de algo, págalo mejor y elimina las barreras de entrada. El costo para el contribuyente es real — $100.394 millones anuales de forma permanente —, pero el costo de no actuar, medido en seguridad y en Estado de derecho, es considerablemente más alto.
