Cerro Matoso completó dos meses operando al 50% de su capacidad por restricciones en el suministro de gas natural de Canacol Energy, una limitación que ya se traduce en menos producción, menores ingresos y un golpe directo al bolsillo público.
La compañía estima que el impacto económico para el país asciende a cerca de $1.500 millones diarios, principalmente por menores impuestos y regalías, además de compras de bienes y servicios que dejaron de realizarse. En dos meses, la afectación acumulada se acerca a los $90.000 millones.
En paralelo, la producción de níquel cayó cerca de 40 toneladas diarias. Cerro Matoso dijo que en este periodo dejó de producir unas 2.400 toneladas, lo que representa menores ingresos por más de US$33 millones.
Desde comienzos de agosto, la operación funciona con una sola de sus dos líneas de producción. La segunda permanece en régimen de preservación, una condición que busca mantener la integridad del horno eléctrico con la mínima energía necesaria para una eventual reactivación.
La reducción también ha tenido efecto laboral. La empresa reportó impacto sobre cerca de 600 trabajadores y contratistas, además de una disminución en las compras a proveedores con consecuencias sobre la actividad económica de Córdoba, especialmente en el sur del departamento.
Cerro Matoso sostiene que cerca de 50.000 personas dependen directa o indirectamente de su operación. La compañía también dijo que mantiene programas de desarrollo social con 25 comunidades vecinas y que lleva más de 40 años de presencia en la región.
La minera atribuye la situación a las restricciones en las entregas de gas natural frente a los volúmenes contratados con Canacol Energy. Señaló que tiene un acuerdo vigente hasta 2029 por 16.000 MBTUD diarios, pero que en los últimos meses ha recibido menos de una quinta parte del volumen contratado.
Ante la continuidad del problema, Cerro Matoso pidió la intervención del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las superintendencias de Sociedades y de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otras entidades competentes, para buscar soluciones y normalizar el suministro.
El caso vuelve a mostrar cuánto cuesta cuando una cadena productiva queda atada a restricciones que frenan inversión, empleo y recaudación. Cuando falla la energía, no solo se reduce la producción: también se deteriora el retorno para la empresa, el flujo para los proveedores y el margen fiscal del Estado.
Capital busca reglas claras. Si el suministro contratado no llega, el riesgo país operativo sube para toda la cadena. Y el costo termina repartido entre trabajadores, familias del sur de Córdoba y contribuyentes, que ven cómo el aparato estatal recauda menos justo cuando más necesita estabilidad productiva.
