Chile atraviesa un estrés fiscal prolongado. El gobierno busca opciones donde antes no miraba. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló hace un mes que modernizar las empresas públicas es clave para sanear las finanzas del Estado.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un estudio con siete propuestas concretas. Lo lideran los investigadores Sebastián Izquierdo, Jorge Rodríguez, Andrés Araya y Xiomara Kuwae. El documento llega en el momento exacto: Hacienda ya ofició a todas las compañías estatales para que remitan antecedentes financieros y metas.
Un sector que pesa 10 puntos del PIB
El universo analizado es de 28 empresas. Solo tres —BancoEstado, Codelco y Enap— concentran cerca del 90% de los ingresos. El dato lo aporta el propio coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo. Cualquier diagnóstico agregado, advierte, «esconde realidades financieras y fiscales completamente distintas».
El economista Jorge Rodríguez, exdirector del Consejo Fiscal Autónomo, resume el argumento central: «Un sector muy relevante, que pesa hasta 10 puntos del PIB, son las empresas públicas, por lo que debieran tener un mayor nivel de escrutinio».
Tres dimensiones de evaluación
El estudio propone medir cada empresa en tres ejes. Primero, la justificación de la propiedad estatal. Segundo, el desempeño financiero y no financiero. Tercero, la exposición fiscal.
La lógica es directa. Algunas empresas tienen fundamentos sólidos: generan rentas para el Estado, operan en monopolios naturales o proveen servicios con beneficios sociales que superan sus ingresos comerciales. Otras operan en mercados competitivos con baja contribución fiscal. Para estas últimas, la carga de justificación es más exigente.
El CEP aclara que esto «no equivale a una recomendación automática de mantener, cerrar, fusionar o privatizar». Permite, en cambio, ordenar dónde concentrar el escrutinio.
Más allá de las utilidades
El documento insiste en que las utilidades o pérdidas no bastan. En empresas con obligaciones públicas, deben sumarse métricas de cobertura, calidad, continuidad y eficiencia. El estudio recomienda apoyar esas métricas en ejercicios de benchmarking con pares privados y empresas similares de otros países.
También advierte sobre los pasivos ocultos. Las empresas públicas pueden acumular compromisos: deuda garantizada, deterioro patrimonial, pasivos por mandatos no financiados. Esos riesgos no se monitorean hoy de forma sistemática. Son, según el CEP, parte central de los desafíos de sostenibilidad fiscal.
La lectura del mercado
Capital busca reglas claras. El aparato estatal chileno administra activos equivalentes a una fracción sustancial de la economía sin un marco unificado de rendición de cuentas. Eso es riesgo fiscal no medido, no misión pública.
La propuesta del CEP no pide privatizaciones masivas. Pide lo mínimo que cualquier inversor exigiría: coherencia entre el mandato, los resultados y los riesgos que el contribuyente asume. Si Hacienda actúa sobre estas recomendaciones, el Estado chileno podría dejar de ser su propio mayor riesgo sistémico.
