El pasado 1 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y parte de su gabinete anunciaron un acuerdo con el sector empresarial para avanzar hacia una política de cero clausuras para negocios de bajo impacto en la Ciudad de México.
La negociación se construyó durante meses entre el Gobierno capitalino y el G9, integrado por COPARMEX CDMX, CANACO, CANACOPE, CANIRAC, CANACINTRA, CANADEVI, ANTAD, ADI, CMIC, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y el Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos.
De acuerdo con COPARMEX Ciudad de México, el nuevo modelo de verificación del INVEA busca proteger a los comercios frente a cierres derivados de irregularidades administrativas que pueden corregirse. La organización reconoció a Brugada, a la secretaria Manola Zabalza, a Juan Pablo de Botton y a Jorge Esquinca por repensar la relación del gobierno con la ciudadanía.
El INVEA, creado en 2010, tiene la responsabilidad de verificar que los establecimientos cumplan disposiciones administrativas. El Código Avisa contempla hasta tres avisos preventivos para establecimientos de bajo impacto y dos para los de impacto vecinal antes de suspenderlos. Los negocios de alto impacto mantienen controles más estrictos, y cualquier riesgo grave para las personas exige intervención inmediata de la autoridad.
COPARMEX señaló que la nueva etapa no dependerá solo del anuncio oficial. También pidió a los alcaldes asumir su responsabilidad para proteger a quienes generan empleo. Por ello, prepara un índice público de suspensiones y clausuras, además de una plataforma para denunciar posibles extorsiones de autoridades, de forma anónima o con identidad, según decida el empresario, con garantías de protección de datos personales.
La organización dijo que estos instrumentos serán la base de un acuerdo que solicitará a los titulares de las 16 alcaldías, y también a quienes aspiren en el futuro a gobernar una alcaldía, para comprometerlos a cuidar a las empresas y combatir la extorsión.
COPARMEX remarcó que muchas empresas mexicanas son negocios familiares y operan con márgenes reducidos. Ese dato importa porque el costo regulatorio no se diluye en grandes balances: golpea primero al comercio pequeño, al empleo local y al flujo de capital que sostiene la actividad cotidiana.
El avance en la capital va en la dirección correcta si se traduce en reglas claras y en menos discrecionalidad burocrática. Capital busca reglas claras, y cuando el aparato estatal deja de castigar por sistema, la libre empresa puede producir más, invertir mejor y defender el empleo.
El mercado ya votó a favor de este tipo de acuerdos: menos cierres arbitrarios, más certidumbre y más productividad. Ahora falta que la promesa se sostenga en las alcaldías y que la vigilancia no se convierta, otra vez, en una carga contra quien trabaja.
