La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga por seis meses de la prisión preventiva de Juan Ignacio Suris, el empresario bahiense que ya carga con condenas por narcotráfico agravado, asociación ilícita fiscal y cohecho. La medida fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carlos Mahiques y Daniel Petrone, quienes habilitaron el receso judicial para intervenir en el expediente.
La extensión cautelar, dispuesta originalmente el 6 de junio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, rige desde el 8 de julio, fecha en que venció el plazo anterior. Los camaristas resolvieron «tomar nota de la prórroga de la prisión preventiva dispuesta respecto de Juan Ignacio Suris, por el término de seis meses, a partir de su vencimiento», conforme al artículo 1° de la Ley 24.390.
El expediente por lavado de activos se tramita en paralelo a las causas en las que Suris ya fue sentenciado. Según la acusación, encabezó una organización destinada a incorporar al circuito económico formal fondos presuntamente provenientes del narcotráfico y de un esquema de facturación apócrifa. La investigación se inició en 2012 y fue elevada a juicio oral en 2024.
El historial de condenas es extenso. El 7 de noviembre de 2023, recibió seis años de prisión como coautor de comercialización de estupefacientes agravada, por hechos ocurridos entre 2011 y diciembre de 2013 en Bahía Blanca y localidades cercanas. El 23 de noviembre de 2023, fue condenado a cinco años como jefe de una asociación ilícita que perjudicó a la entonces AFIP mediante facturas apócrifas para facilitar evasión tributaria. Ambas penas fueron unificadas en ocho años.
En febrero pasado, la Sala I de Casación confirmó además la intimación para que los condenados abonaran $85.625.636,72 en concepto de reparación del daño al Estado. El juez de ejecución determinó que Suris debía afrontar el 60% de ese monto.
Mientras cumplía condena en la Delegación Unidad Operativa Federal de Santa Fe, quedó involucrado en otra investigación por el pago de sobornos a autoridades policiales para obtener condiciones de alojamiento privilegiadas. El juez José María Escobar Cello lo condenó a dos años de prisión efectiva por cohecho, al tenerse por probado que entregó dinero al subcomisario Leonardo Benítez y al comisario Guillermo Gallo a cambio de teléfonos celulares, visitas sin controles, comidas especiales y electrodomésticos. Esa pena fue unificada con las anteriores, elevando el total a nueve años.
Casación también intervino recientemente en el expediente por lavado: el 16 de julio, la Sala I dejó sin efecto la decisión que había apartado a la Unidad de Información Financiera como querellante y ordenó al tribunal oral dictar un nuevo pronunciamiento.
El caso Suris ilustra con precisión quirúrgica cómo el crimen organizado y la evasión fiscal operan como vasos comunicantes: el dinero del narcotráfico necesita facturas apócrifas para blanquearse, y ambos circuitos corroen por igual la libre empresa y el erario. Que la UIF haya sido restituida como querellante refuerza la señal de que el Estado no puede retirarse de la persecución patrimonial del delito. Capital busca reglas claras; el lavado de activos es su antítesis.
