Vecinos y autoridades locales del estado Carabobo salieron a protestar contra la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y exigieron dos cosas concretas: un cronograma formal de racionamiento eléctrico y facturas ajustadas al tiempo real de suministro. Las interrupciones registradas alcanzan entre cuatro y cinco horas diarias.
Desde el municipio San Diego, el concejal Israel Figueredo cuestionó directamente la lógica tarifaria de la empresa estatal. «A nuestros vecinos de San Diego; en algunas partes llegó a 10.000 bolívares, entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué si no estás garantizando el 100% del servicio a nuestros vecinos, tienes que cobrar el 100%?», declaró Figueredo. El concejal también solicitó la instalación de mesas de trabajo técnicas para auditar los montos emitidos por Corpoelec.
Las protestas se extendieron a las parroquias La Isabelica, Naguanagua, San Blas y Prebo, donde los vecinos recurrieron a cacerolazos ante la ausencia de información por parte del personal técnico del organismo. La queja central no es solo la falta de luz: es la opacidad de una empresa estatal que no comunica horarios, no justifica cobros y no responde a sus usuarios.
La situación se agrava por la escasez de gas doméstico. Adriana Ochoa, residente de la entidad, señaló que la precariedad simultánea de ambos servicios —electricidad y gas— mantiene en angustia a los vecinos. Sin electricidad estable y sin gas, la preparación de alimentos se convierte en un problema cotidiano de primer orden.
El patrón no es exclusivo de Carabobo. Según información del mismo medio, en las últimas 48 horas se registraron seis protestas en Barinas por cortes eléctricos, y comerciantes de Trujillo solicitaron créditos para adquirir plantas eléctricas ante los prolongados racionamientos. La crisis del suministro eléctrico se replica en múltiples estados del país.
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Lo que ocurre en Carabobo ilustra con precisión el costo real de los monopolios estatales: el usuario no tiene alternativa, no puede cambiar de proveedor, no puede negociar la tarifa y no tiene mecanismo efectivo de reclamo más allá de la cacerola. Corpoelec cobra el 100% de una factura por un servicio que entrega, en el mejor de los casos, el equivalente a unas pocas horas al día.
Ese es el modelo: el aparato estatal captura la renta, traslada el costo al ciudadano y no rinde cuentas. Mientras la libre empresa resuelve sus ineficiencias bajo la presión de la competencia o quiebra, el monopolio público simplemente sube la factura. Capital busca reglas claras; en Venezuela, las reglas las fija quien controla el interruptor.
