El fondo de capital privado estadounidense Ocean Pacific Investments (OPI) no retira su apuesta por Panamá. John McKeown, presidente de la firma cofundada con Scott M. Kalt, rompió el silencio ante un medio panameño y ratificó que Puerto Barú —proyecto portuario en la provincia de Chiriquí— sigue siendo prioridad dentro del portafolio de OPI, especializado en infraestructura, energía, desarrollo sostenible y bienes raíces.
El argumento inversor. McKeown citó tres factores que inclinaron la balanza hacia Panamá: estabilidad económica, uso del dólar estadounidense y seguridad jurídica. «Recomendaría que vengan. Panamá es increíble, hay mucho más que el Canal y existen oportunidades extraordinarias para invertir», declaró el ejecutivo. El diagnóstico de fondo es logístico: a su juicio, Chiriquí carece de mecanismos para sacar sus productos agropecuarios a mercados internacionales, y varias empresas habrían manifestado interés en expandir operaciones agrícolas en la zona, condicionadas a contar con infraestructura portuaria.
Dos fases, un horizonte amplio. El proyecto contempla una primera etapa de vocación comercial y una segunda orientada al turismo, con terminal para cruceros boutique, comercios y hoteles. «Queremos atraer esos cruceros pequeños y que sus pasajeros puedan visitar David, tomar café en Boquete y conocer Chiriquí», explicó McKeown.
El frente legal. El avance del proyecto enfrenta una demanda contencioso-administrativa contra la Resolución No. 003-2024, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III. OPI participa como tercero interesado. La empresa reconoció que la incertidumbre judicial ha llevado a inversionistas y socios estratégicos internacionales a aplazar decisiones hasta contar con mayor certeza regulatoria, y admitió haber ajustado el cronograma de ejecución. En paralelo, el Ministerio de Ambiente realiza una reevaluación técnica tras observaciones de la Unesco sobre posibles impactos al Parque Nacional Coiba.
Un dato relevante para el expediente: la Procuraduría de la Administración recomendó declarar «no ilegal» la resolución que aprobó el EIA. OPI evitó anticipar el fallo de la Corte Suprema, pero subrayó que actuó «con estricto apego a la legislación panameña» durante todo el proceso de elaboración y aprobación del estudio ambiental.
Lo que el mercado espera. McKeown fue directo: «Esto se va a construir. Necesitamos resolver los problemas legales que han sido el desafío, pero no me voy a ir a ningún lado».
Desde Ágora Capital, la lectura es clara: capital privado extranjero dispuesto a anclar inversión de largo plazo en infraestructura productiva es exactamente lo que Panamá necesita para diversificar su motor económico más allá del Canal. El gobierno de Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica como señal al inversor; que un litigio ambiental —legítimo en sus formas— se convierta en un cuello de botella capaz de ahuyentar socios estratégicos internacionales es el costo real de la incertidumbre regulatoria. La Procuraduría ya emitió su criterio. La pelota está en la Corte.
