La canasta básica de alimentos en Panamá superó los $300 y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura volvió a cuestionar los controles de precios como respuesta. La organización sostiene que esa política provocó distorsiones en la cadena productiva, redujo incentivos para la oferta y terminó trasladando costos hacia los consumidores.
El origen de la medida se remonta al Decreto Ejecutivo N.º 165, aprobado el 1 de julio de 2014, que fijó precios máximos y márgenes brutos de comercialización para 22 alimentos. Nació como herramienta excepcional y temporal, en un contexto de aumento del costo de vida. Para 2025, el esquema ya solo cubría ocho alimentos, y las decisiones posteriores lo redujeron a cuatro: carne molida de primera, aceite vegetal, leche en polvo y pan de molde blanco.
El gremio empresarial señala que ese recorte progresivo confirma lo que advirtió desde el inicio: una medida pensada como transitoria se mantuvo más de una década sin resolver de forma estructural el costo de la canasta. Según su presidente, Aurelio Barría Pino, el esquema generó subsidios cruzados entre productos y afectó las condiciones de abastecimiento.
La discusión se traslada ahora a la iniciativa Canasta Básica pa' Ti, que el Ministerio de Comercio e Industrias conversa con el sector privado. La Cámara la describe como una alternativa basada en el diálogo y la adhesión voluntaria de las empresas, siempre que respete la competencia y las condiciones particulares de cada cadena de comercialización. El gremio insiste en que el Estado debe actuar como facilitador de acuerdos, sin imponer la participación empresarial.
Para la entidad, el gobierno tiene un objetivo legítimo —reducir el gasto de los hogares en alimentos esenciales—, pero la fórmula debe apoyarse en mayor oferta, más competencia y opciones de compra, no en la intervención directa sobre los precios. El desafío, advierte, será transformar las conversaciones en resultados concretos: qué productos entrarán en la canasta, cuál será el ahorro real para los hogares y si habrá existencias suficientes en los comercios.
La Cámara fija dos indicadores como vara de medida para cualquier programa: disponibilidad y precio final. Que los consumidores encuentren los artículos y paguen menos por ellos, no la cantidad de productos anunciados ni la frecuencia de los comunicados oficiales.
Los números primero: una década de control sobre 22 productos terminó reducida a cuatro, y el costo de vida no cedió. Cuando el Estado fija precios sin tocar la oferta, el mercado no desaparece: se reorganiza alrededor del control, con subsidios cruzados que encarecen otros artículos y desincentivan la inversión en abastecimiento.
El mensaje del sector privado panameño es directo: la experiencia ya se vivió y el resultado está a la vista en la etiqueta del supermercado. La alternativa que propone —diálogo, adhesión voluntaria y competencia— traslada la responsabilidad al mercado antes que al decreto, apostando a que la productividad y no la orden administrativa sea la que finalmente alivie el bolsillo de los hogares panameños.
