Los aranceles canadienses sobre productos estadounidenses por un valor de 20,000 millones de dólares entraron en vigor la noche del martes 7 de septiembre de 2026, según reportó El Financiero citando fuentes oficiales de Ottawa. La medida intensifica la guerra comercial entre los dos vecinos y eleva el costo directo para empresas y consumidores en ambos lados de la frontera.
El paquete afecta a unos 900 productos. El acero y el aluminio estadounidenses enfrentarán aranceles de hasta 50%, al igual que muebles, prendas de vestir, cosméticos, perfumes y miel natural. Lavavajillas, lavadoras y ciertos productos lácteos —incluido el queso— recibirán un gravamen de 25%, mientras que determinados electrónicos y herramientas quedarán sujetos a tarifas de 15%.
El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, justificó la medida el 25 de agosto al señalar que los aranceles buscan igualar «tasa por tasa» los gravámenes que Washington aplicó el 22 de agosto sobre un volumen similar de exportaciones canadienses. «Canadá debe responder», declaró Champagne.
Las negociaciones entre Ottawa y Washington se rompieron el 21 de agosto, cuando el primer ministro Mark Carney acusó a Estados Unidos de intentar imponer condiciones «injustas» y de buscar convertir a Canadá en una «filial». La disputa también incluyó diferencias sobre el uso del francés, reglas para medios francófonos en línea y etiquetado bilingüe; la Casa Blanca negó que esos asuntos fueran una «línea roja».
La respuesta de Washington no se hizo esperar. El presidente Donald Trump amenazó con bloquear las ventas de Bombardier en Estados Unidos y advirtió que los aranceles al sector automotriz canadiense podrían escalar de 25% a 50% a partir del 1 de enero. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionó además la capacidad militar de Canadá, aunque aclaró que ambos países «no están en guerra». Carney calificó esos comentarios de «indignos».
Para amortiguar el golpe interno, el gobierno canadiense anunció un paquete de apoyo de 7,500 millones de dólares canadienses —equivalentes a unos 5,400 millones de dólares estadounidenses— destinado a empresas y trabajadores afectados. La ministra de Industria, Mélanie Joly, llamó a los consumidores a priorizar productos nacionales.
El contexto estructural agrava el riesgo: alrededor del 60% de las importaciones canadienses provienen de Estados Unidos, y cerca del 70% de sus exportaciones tienen como destino ese mercado.
La lectura de Ágora Capital. Lo que se presenta como una respuesta soberana es, en los hechos, un impuesto que pagarán los consumidores y las cadenas de suministro canadienses, no Washington. Cuando dos economías tan integradas se gravan mutuamente «dólar por dólar», el libre comercio pierde y la burocracia gana: el paquete de 5,400 millones de dólares en subsidios es la prueba de que el propio gobierno reconoce el daño que sus aranceles generan. Capital busca reglas claras; lo que hay hoy entre Ottawa y Washington es todo lo contrario.
