La producción de gas de Canacol Energy se desplomó desde niveles cercanos a 200 GBTUD hasta 63,2 GBTUD, un volumen que no alcanza a cubrir sus contratos firmes de suministro, que ascienden a 79,6 GBTUD. El dato lo precisó Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, quien advirtió que «la caída de la producción de Canacol Energy agrava el déficit de gas mientras el país espera la decisión de la Supersociedades sobre sus contratos».
El nudo jurídico arranca en junio de este año, cuando la Corte del King's Bench de Alberta, en Canadá, autorizó a Canacol a terminar varios contratos de suministro y transporte de gas dentro de su proceso de reestructuración financiera. Esa resolución, sin embargo, aún no tiene efectos en Colombia: la Superintendencia de Sociedades debe determinar si las medidas son compatibles con el orden público económico y la legislación colombiana. Hasta que eso ocurra, los contratos siguen vigentes, según han insistido las empresas involucradas.
La presión recae con mayor fuerza sobre la región Caribe, donde el gas es insumo crítico para hogares, generación eléctrica e industria. Compañías como Promigas, Gases del Caribe, Surtigas y Cerro Matoso ya anunciaron que ejercerán acciones jurídicas tanto en Canadá como en Colombia para defender sus derechos y garantizar la continuidad del suministro.
El caso más extremo es el de Cerro Matoso. La empresa reveló que Canacol le provee el 82% del gas que necesita para operar. Si el contrato se interrumpe, tendría que apagar sus hornos de producción, lo que generaría daños irreversibles con costos de recuperación estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones, pondría en riesgo más de 2.000 empleos directos y afectaría a unas 50.000 personas de comunidades cercanas.
El panorama macro tampoco ayuda. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, señaló que Colombia ya importa cerca del 32% del gas que consume, y que cualquier modificación en los contratos de Canacol podría escalar la incertidumbre sobre precios y abastecimiento, sobre todo ante un eventual fenómeno de El Niño.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es directo: lo que se observa en el caso Canacol es el costo real de operar en un entorno donde la seguridad jurídica de los contratos queda suspendida en el limbo burocrático. Una corte extranjera emite una resolución, una entidad local la bloquea sin pronunciarse, y mientras tanto la producción cae, los contratos quedan en el aire y la industria absorbe el riesgo que el Estado no resuelve.
El mercado ya votó: la incertidumbre regulatoria tiene un precio medible en GBTUD no entregados, en hornos que podrían apagarse y en empleos que dependen de que un funcionario firme a tiempo. Capital busca reglas claras, y Colombia lleva meses sin dárselas.
