La Cámara de Representantes aprobó el lunes el proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) por un valor de 1,15 billones de dólares. El margen fue estrecho: 216 votos contra 212. Dentro del paquete viaja una enmienda que ha encendido alarmas en Sacramento.
La enmienda, introducida por el representante Wesley Hunt (R-Texas), otorga al secretario del Ejército autoridad para adquirir servidumbres permanentes a lo largo del Santa Ynez Pipeline System. Los mecanismos incluyen compra, donación, intercambio o expropiación. El texto es explícito: alcanza «todas las tierras propiedad del estado de California o de cualquier agencia, departamento o instrumentalidad del mismo».
El disparador operativo es la seguridad nacional. La enmienda faculta al gobierno federal a recurrir al dominio eminente cuando el secretario de Defensa determine que es necesario para «garantizar el transporte continuo de crudo desde la Unidad Santa Ynez hasta refinerías domésticas que abastecen instalaciones del Departamento de Defensa en California».
Detrás de la medida aparece Sable Offshore, compañía con sede en Texas. Según un documento filtrado y reportado por Politico Pro el 2 de junio, Sable instó al Departamento de Energía a expropiar propiedades en torno a su pipeline como parte de una propuesta de Reserva Estratégica de Petróleo para la Costa Oeste.
La reacción demócrata fue inmediata. El representante Salud Carbajal sostuvo que la medida «consiste en dar un trato especial a las grandes petroleras a expensas de California». Siete republicanos de la Cámara votaron en contra, pero no alcanzaron para frenar el avance.
El proyecto pasa ahora al Senado. Allí enfrenta oposición demócrata significativa: el bloque ya bloqueó una medida de defensa anterior en protesta por la guerra con Irán.
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Lo que está en juego es más que un gasoducto. California lleva años utilizando regulación ambiental y control territorial como herramientas de bloqueo energético. El Hunt Amendment invierte la ecuación: la seguridad de abastecimiento de instalaciones militares pesa más que la resistencia estatal.
El capital energético necesita reglas claras y continuidad de flujo. Cuando un estado usa su propiedad para obstruir infraestructura crítica federal, el costo lo pagan los contribuyentes —en precios, en dependencia y en capacidad operativa del Pentágono—. El mercado ya había señalado el riesgo: Sable escaló el problema directamente al ejecutivo federal. El voto de 216-212 es una respuesta concreta. El Senado dirá si la cadena de suministro energético es o no un asunto de Estado.
