El juez Brian Cogan, de la corte federal de Brooklyn, sentenció a Ismael «El Mayo» Zambada a cadena perpetua y ordenó la entrega de 15,000 millones de dólares producto de sus actividades criminales. A sus 76 años, el cofundador del Cártel de Sinaloa morirá en una prisión estadounidense.
La condena cierra, en términos jurídicos, una carrera criminal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó como activa desde finales de los años ochenta hasta la captura de Zambada en julio de 2024. Durante ese período, según la acusación federal, la organización traficó cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense, y sostuvo sus operaciones mediante asesinatos, secuestros, corrupción y lavado de dinero.
En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable y reconoció haber dirigido una organización que utilizó corrupción y violencia para garantizar sus operaciones durante décadas. Ese reconocimiento convierte su archivo de conocimiento —nombres, rutas, operadores financieros, intermediarios, funcionarios— en una variable activa para las investigaciones en curso.
El paralelo con Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado también a cadena perpetua en 2019 por una corte estadounidense, resulta difícil de ignorar. Dos de los narcotraficantes más poderosos de la historia contemporánea de México respondieron ante jueces de Nueva York, no ante jueces mexicanos. Según el análisis publicado en El Financiero, «la respuesta seguramente no está únicamente en la capacidad de fuego de los cárteles», sino también en la corrupción institucional que permitió su crecimiento.
La misma fuente señala que «ninguna organización criminal puede convertirse en una estructura multinacional, mover toneladas de drogas, lavar miles de millones de dólares y operar durante décadas sin encontrar complicidades dentro de instituciones públicas». La pregunta sobre qué funcionarios, policías y autoridades conocieron sus movimientos y facilitaron sus operaciones permanece abierta —y sin respuesta formal— del lado mexicano.
El contexto político agrega presión. El gobierno de Donald Trump, según El Financiero, capitalizará la sentencia como victoria dentro de su estrategia contra los cárteles, una estrategia que Washington vincula directamente con su seguridad nacional por la crisis del fentanilo. Eso anticipa mayor escrutinio sobre México y sobre personas que pudieron haber tenido contacto con la red de Zambada.
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La sentencia de Brooklyn ilustra una asimetría que el libre mercado de ideas no puede ignorar: cuando el Estado mexicano falla en aplicar la ley, la consecuencia no es impunidad perpetua sino jurisdicción extranjera. El aparato de justicia estadounidense hizo lo que el mexicano no hizo en cuatro décadas. El costo para México no es solo reputacional; es soberano. Cada capo que termina ante un juez extranjero es evidencia de que la corrupción institucional tiene precio, y ese precio lo pagan los contribuyentes mexicanos en seguridad degradada, inversión ahuyentada y Estado de derecho erosionado. Capital busca reglas claras; donde la ley la pone otro país, el riesgo país sube solo.
