Colombia acumula 4,5 gigavatios (GW) de capacidad renovable instalada, pero el ritmo de expansión no alcanza para cubrir el crecimiento de la demanda. Así lo advirtió Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, en entrevista con El Colombiano.
Según Hernández, cerca de 34 proyectos de generación renovable —con inversiones estimadas en US$800 millones— acumulan más de 60 trámites con retrasos de entre uno y seis años, a la espera de respuestas de distintas entidades gubernamentales. Solo en energía eólica, unos 16 proyectos representan entre 1.000 y 2.000 megavatios (MW) paralizados por consultas previas, reprocesos de licencias ambientales, demoras en la expansión de la red de transmisión e incertidumbre regulatoria.
De los 4,5 GW instalados, el 69% corresponde a plantas solares y renovables de mediana y gran escala —aproximadamente 3.200 MW—, y el 31% restante a minigranjas solares y proyectos de autogeneración. Esa capacidad equivale, según la presidenta del gremio, al consumo eléctrico de 11 millones de colombianos.
Hay 18 proyectos en construcción que suman 681 MW, con inversión estimada en US$500 millones distribuidos en 11 departamentos. La mayoría entraría en operación entre 2026 y 2027. Para el segundo semestre del año en curso, Hernández proyecta el ingreso de apenas 100 MW adicionales.
En ese marco, la meta del gobierno de Gustavo Petro de incorporar 6 GW de nueva capacidad durante el cuatrienio no se cumplirá. «Nunca vimos esa meta como un escenario probable», reconoció Hernández. El gremio también señala que el país cuenta con cerca de 7.700 MW en proyectos en etapas tempranas que podrían iniciar construcción en los próximos cuatro años, lo que en teoría permitiría casi duplicar la capacidad actual.
En materia de transmisión, el proyecto Colectora —la línea que conectará el norte de La Guajira con el resto del país— registra avances significativos. Según informó el Grupo Energía Bogotá, la infraestructura podría estar lista para operar entre finales de este año y comienzos del próximo, aunque Hernández advirtió que «todavía faltan los proyectos de generación».
El llamado del sector es claro: acelerar trámites, sincronizar la infraestructura de transmisión con la entrada de nuevos parques y desarrollar almacenamiento de energía para evitar riesgos sistémicos a partir de 2028.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es preciso: el cuello de botella no es la inversión privada ni la tecnología —ambas están disponibles—, sino el aparato estatal. Consultas previas sin plazo, licencias ambientales que se reprocesen años después y una burocracia que no coordina entre sí son el verdadero costo de oportunidad que paga Colombia. Capital busca reglas claras; cuando el Estado tarda seis años en responder un trámite, la señal que emite al mercado es inequívoca: el riesgo regulatorio supera al riesgo de proyecto. Mientras eso no cambie, los MW seguirán en el papel.
