Los números llegaron primero: 6.091 proyectos con una capacidad agregada de 296.807 megavatios registrados para participar en la primera subasta de sistemas de almacenamiento de energía en baterías a gran escala de Brasil. La cifra, divulgada este lunes por la Empresa de Investigación Energética (EPE), supera cualquier antecedente en el país para una convocatoria de este tipo.
El proceso no es automático. La EPE aclaró que el registro no implica habilitación directa: todos los proyectos deberán superar una evaluación técnica antes de que se definan los competidores finales.
La subasta se dividirá en dos tramos. El primero reservado exclusivamente a proyectos que incorporen baterías con contenido e industria nacional; el segundo, abierto al resto de los proyectos elegibles. Las fechas fijadas son el 2 y el 4 de diciembre.
Los ganadores firmarán contratos de 15 años para suministrar disponibilidad de potencia al Sistema Interconectado Nacional, la red que integra la mayor parte de la generación y distribución eléctrica del país, con entrada en operación a partir de 2028.
El Ministerio de Minas y Energía estableció que los sistemas contratados deberán utilizar baterías totalmente nuevas y estar listos para inyectar electricidad cuando el operador lo solicite, en particular en momentos de alta demanda o restricciones en la oferta.
El problema de fondo es operativo. La rápida expansión de la generación eólica y solar en el nordeste brasileño —una de las regiones con mayor potencial renovable del país— ha generado episodios recurrentes en los que la producción supera la capacidad de consumo o de transporte de las líneas de transmisión. El resultado: el operador de red se ve obligado a ordenar recortes temporales en parques eólicos y solares, desperdiciando energía ya producida. El almacenamiento en baterías apunta a absorber esos excedentes en horas pico y liberarlos cuando la demanda lo requiera.
Desde la perspectiva del mercado, la magnitud de la respuesta —casi 297 gigavatios inscritos para una primera subasta— señala que el capital privado percibe reglas lo suficientemente claras como para comprometer inversiones de largo plazo en infraestructura crítica. El esquema de contratos a 15 años con el sistema interconectado ofrece visibilidad de flujo, el activo más valorado por los financiadores de proyectos de infraestructura.
El riesgo real no está en la demanda de participación, sino en la capacidad del Estado brasileño de sostener un marco regulatorio predecible durante década y media, y en que el tramo de contenido nacional no derive en una barrera proteccionista que encarezca la tecnología y traslade el costo, en última instancia, al consumidor y al contribuyente. Capital busca reglas claras; la prueba vendrá en diciembre.
