El Fondo Monetario Internacional anunció este miércoles un acuerdo con Bolivia por 1.900 millones de dólares, enmarcado en el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y estructurado en un plan técnico de 36 meses. El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio del organismo.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentó el pacto como «el resultado de la confianza» generada por el programa de reformas del gobierno de Rodrigo Paz. Las condiciones financieras incluyen cuatro años de período de gracia —sin pagos durante ese lapso— y una tasa de interés de entre 4 y 4,5%, que el propio ministro calificó como «una de las más bajas que existe en el mercado».
Espinoza subrayó que el FMI no impuso condiciones externas, sino que evaluó como «sostenible» el programa económico ya aplicado por el ejecutivo, que contempla reducción del gasto público y eliminación del financiamiento monetario del déficit fiscal. El organismo multilateral destacó que el acuerdo permitirá «catalizar financiamiento adicional» de otros organismos por al menos 5.000 millones de dólares.
Los «puntos clave» identificados por el FMI incluyen restablecer la sostenibilidad fiscal, modernizar el régimen monetario y cambiario, reforzar la resiliencia del sector financiero y mejorar la competitividad, la gobernanza y la productividad.
El ministro anunció que enviará el documento al Parlamento la próxima semana y expresó confianza en que los legisladores actúen con «celeridad» para aprobarlo.
El contexto es revelador. El último acuerdo de Bolivia con el FMI data de los gobiernos de Hugo Banzer (1997-2002) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). Durante la administración de Evo Morales (2006-2019) la relación fue «distante por posiciones ideológicas», patrón que se repitió bajo Luis Arce (2020-2025), cuando Bolivia rechazó un financiamiento que había gestionado el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Los números hablan por sí solos. Más de dos décadas de alejamiento ideológico del FMI dejaron a Bolivia sin divisas, con reservas internacionales en declive, producción de hidrocarburos en caída y presión inflacionaria. El capital no espera discursos soberanos: busca reglas claras, cuentas ordenadas y un Estado que no monetice su propio déficit. El giro del gobierno de Paz —reducción del gasto, disciplina fiscal, apertura a organismos multilaterales— es exactamente el tipo de señal que desbloquea flujos. El mercado ya votó: 1.900 millones directos y al menos 5.000 millones potenciales son el precio de la credibilidad recuperada.
