El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró ante el Comité Judicial del Senado que el acuerdo de inmunidad fiscal de Donald Trump permanece en vigor. Lo hizo por escrito. Lo hizo después de que una jueza federal lo desmontara.
El pacto forma parte de un acuerdo de conciliación más amplio entre Trump y el IRS. Su alcance es extraordinario: prohíbe al IRS y al Departamento del Tesoro —y a «otras agencias gubernamentales»— iniciar acciones penales o civiles contra el presidente, sus dos hijos mayores, la Trump Organization y otras «partes afiliadas» por actos anteriores a la firma del acuerdo, suscrito en mayo.
La jueza Kathleen M. Williams falló en julio que ese acuerdo nunca debió alcanzarse. Su argumento: Trump y el IRS que él controla no son partes adversas en sentido legal. Williams ordenó al gobierno que no invocara el pacto en ningún procedimiento oficial. En la práctica, lo anuló.
Blanche no lo ve así. Ante la pregunta del senador Adam Schiff sobre si el Departamento de Justicia acataría la orden, respondió que el DOJ «está revisando la resolución y evaluando si se requiere alguna respuesta». Cuando se le preguntó si el IRS podía retomar auditorías al presidente, calificó la pregunta de «errónea».
La jueza reconoció en una nota al pie que Trump y el gobierno pueden suscribir un acuerdo privado con los mismos términos. Pero eso es distinto a lo que Blanche defiende: que el acuerdo original sigue operativo.
El lenguaje del pacto es vago. Dice que EE. UU. queda «perpetuamente impedido» de procesar a Trump por «cualquier asunto pendiente o que pudiera estar pendiente» ante otras agencias. Blanche alegó ante el Senado que el alcance real es más estrecho. Sostuvo que solo afecta al IRS y al Tesoro. El texto dice expresamente lo contrario. Cuando se le señaló esa contradicción, respondió que el documento «habla por sí mismo».
También negó que el acuerdo bloquee auditorías, porque el texto no usa esa palabra. Y sugirió que no impide procesamientos penales. El texto dice lo contrario en ambos casos.
La otra pieza del acuerdo era el fondo «anti-weaponization» de 1.776 millones de dólares, destinado a compensar a personas que se consideraron víctimas del sistema judicial, incluidos participantes del 6 de enero. Blanche escribió al Comité: «El Fondo Anti-Weaponization está muerto». Pero los críticos señalan que no ha emitido ningún documento oficial que lo cancele formalmente.
En paralelo, el senador republicano John Cornyn negocia con la Casa Blanca una modificación del acuerdo como condición para apoyar la nominación de Blanche. El Comité Judicial votará la semana próxima. Tras la muerte del senador Lindsey Graham, un solo voto republicano en contra hundiría la candidatura.
La lectura de Ágora Capital es directa. Un fiscal general que cita un acuerdo que un tribunal anuló no genera certeza jurídica. Genera riesgo. El capital busca reglas claras: saber qué ley aplica, qué agencia tiene competencia y qué orden judicial es vinculante. Cuando el gobierno elige qué resoluciones acata, esa certeza desaparece. El costo no lo paga solo Trump. Lo paga cualquier contribuyente o empresa que necesite saber dónde termina el Estado y dónde empieza el derecho.
