El Senado argentino vivió esta semana una disputa que mezcla libre mercado, propiedad privada y táctica kirchnerista. La senadora Juliana Di Tullio, del bloque peronista, presentó una impugnación formal contra el senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch, alegando un supuesto conflicto de intereses entre su actividad privada y el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
El detonante: Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., una firma radicada en Entre Ríos que administra campos y brinda asesoramiento comercial, legal y financiero a propietarios y compradores de inmuebles rurales, incluidos inversores extranjeros. Di Tullio solicitó que el Senado dispusiera la abstención obligatoria del legislador y lo inhabilitara para intervenir, firmar dictámenes y votar el proyecto.
La senadora kirchnerista sostuvo que existía una «directa y manifiesta colisión» entre el interés público y el interés económico privado del legislador, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública. En redes, fue más directa: «¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros», escribió en X, calificando la conducta de «traición a la Patria».
Benegas Lynch respondió sin rodeos. Negó cualquier conflicto de intereses y argumentó que todas las leyes impulsadas por el Gobierno afectan positivamente al sector privado en general. «Modernización laboral, RIMI, riego, hacienda, maquinaria agrícola, apertura de mercados para la carne, todo afecta positivamente al privado, al agro, y dentro del agro está mi empresa», enumeró en declaraciones a Infobae. Señaló además que, bajo el criterio de Di Tullio, un docente dueño de un colegio, un abogado con estudio jurídico o un médico propietario de una clínica tampoco podrían votar leyes vinculadas a su profesión.
En cuanto al capítulo cuestionado —el referido a la compra de tierras por extranjeros—, el senador explicó que el texto prohibía la adquisición por parte de Estados extranjeros, empresas estatales y fondos soberanos, al tiempo que eliminaba restricciones para inversores privados. «Se cierra la puerta que había que cerrar, la de los Estados extranjeros, y se abre la que nunca debió cerrarse, la del argentino que quiere vender su campo y elegir a quién», escribió en X. También aclaró que su participación en Glocal Terra consta en su declaración jurada patrimonial y que nunca ocultó su actividad privada.
El desenlace inmediato fue político: el Gobierno retiró el capítulo sobre tierras del proyecto ante la falta de apoyo de bloques aliados, antes de que la impugnación pudiera prosperar. El debate continuó en sesión, donde Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio para rechazar formalmente el planteo de Di Tullio.
La lectura de Ágora Capital es clara. El kirchnerismo recurrió al argumento del conflicto de intereses no para defender la ética pública, sino para bloquear una reforma que abría la propiedad rural a la inversión privada. El capital busca reglas claras; la maniobra de Di Tullio buscó exactamente lo contrario: usar el aparato institucional para frenar la desregulación. Que el Gobierno haya retirado el capítulo más ambicioso de la ley revela las limitaciones aritméticas del oficialismo en el Senado, pero no invalida el principio: el propietario argentino debería poder elegir a quién venderle su campo sin que el Estado le dicte el comprador.
