Los números llegan antes que las promesas. Barclays anticipó que el presupuesto 2027 de Panamá apuntará a un déficit equivalente al 3% del PIB, en línea con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, pero advirtió que persisten «interrogantes sobre la credibilidad de esa meta». La entidad proyecta que el país cerrará 2025 con un déficit de 3.4% del PIB, ya por encima del techo legal.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, adelantó en junio que el presupuesto de 2027 registrará un crecimiento, aunque no necesariamente proporcional al de la economía. «Lo natural sería ver un crecimiento del Presupuesto General del Estado, no necesariamente a ese nivel», dijo durante el foro de inversiones celebrado en el marco de la Asamblea Anual de la OEA. La economía panameña creció 4.8% en el primer trimestre.
El punto de partida no es menor: el presupuesto 2026 quedó fijado en $34,901 millones, más de $4,000 millones por encima del ejercicio anterior. De ese total, $11,151 millones se destinaron a inversión pública, un alza de 26% interanual.
Las rigideces estructurales son el nudo del problema. La ley obliga a asignar al sector educativo recursos equivalentes al 7% del PIB, mientras la ejecución real se ha mantenido entre el 3% y el 4%. A eso se suman los gastos salariales obligatorios —$312 millones en 2026— y los subsidios, que escalaron a $2,486.6 millones frente a $1,747.4 millones en 2025. El subsidio al combustible, vinculado al alza del petróleo por el conflicto en Irán, añade más de $100 millones adicionales.
Chapman reconoció que el gobierno tiene borradores avanzados para reformar las leyes especiales que imponen esas reglas de gasto, pero que aún deben pasar por consulta legislativa. «Lo que le conviene al país es revisar las rigideces en la construcción del presupuesto sin afectar la calidad de vida de los funcionarios públicos», admitió el ministro, quien lleva toda su gestión intentando modificar esas normas sin éxito hasta ahora.
Barclays también identificó dos riesgos externos de peso: la incertidumbre sobre una eventual reapertura de la actividad minera y la posibilidad de que un fuerte fenómeno de El Niño afecte los ingresos del Canal de Panamá hasta 2027. En paralelo, el gobierno ejecutó esta semana una operación de refinanciamiento por 2,400 millones de euros con vencimiento en 2027, canjeados por financiamientos a tasa fija con vencimiento en 2031, más un nuevo préstamo de 500 millones de euros para cubrir necesidades de 2026. Según Barclays, estas operaciones permitirán mantener bajo control la necesidad de emitir nueva deuda.
El mercado ya votó sobre la dirección del riesgo. Panamá llega al debate presupuestario con una economía que crece, un canal que genera divisas y un gobierno que, a diferencia de sus vecinos, no ha abandonado el lenguaje de la disciplina fiscal. Pero el capital busca reglas claras, y cuando la brecha entre lo que la ley ordena gastar y lo que realmente se ejecuta supera los tres puntos del PIB, la credibilidad de cualquier meta se erosiona antes de que el presupuesto llegue a la Asamblea. La verdadera prueba para la administración Mulino no es el crecimiento del gasto —inevitable en una economía en expansión—, sino demostrar que puede reformar el aparato de rigideces heredado antes de que los mercados de deuda exijan una prima por la duda.
