El reloj corre para la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinas (AYSA). El 12 de agosto vence el plazo para consultar los pliegos y 15 días después se presentarán las ofertas. Lo que quede en pie ese día definirá quién operará durante 30 años la red de agua potable y saneamiento de 14 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano bonaerense.
La lista de interesados es más corta de lo que el gobierno esperaba cuando diseñó el proceso. Entre los candidatos locales aparecen tres nombres con peso específico en el sector —y con expedientes judiciales que el mercado no puede ignorar.
El primero es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. Filiberti no es un recién llegado: desde 2009 es el proveedor monopólico de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AYSA. En 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión, proceso que terminó con una denuncia penal de la Coalición Cívica, aunque no avanzó en sede judicial. Trabaja su propuesta junto a Rowing, la empresa de ingeniería de Walter Román.
El segundo es el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria en el rubro. Su histórico líder, Aldo Roggio, está procesado en la causa Cuadernos: según la fuente, reconoció haber pagado coimas equivalentes al 5% del subsidio que recibía por la operación de trenes.
El tercero es JCR, constructora del fallecido Juan Carlos Relats. La empresa también tiene ejecutivos procesados en Cuadernos. El contador Víctor Manzanares declaró, según la fuente, que la empresa ganaba obras en Vialidad Nacional mientras administraba Casa Patagónica Los Sauces —el hotel de la familia Kirchner— y que ese complejo fue alquilado al Grupo Relats durante 11 años a US$90.000 por mes, acumulando unos US$10 millones. En ese período la compañía habría obtenido 44 licitaciones.
Entre los internacionales, la brasileña Sabesp —operadora de la red de San Pablo— estuvo presente en el data room aunque su oferta no está confirmada. La francesa Veolia participaría a través de socios locales que manejan su filial argentina. La estatal israelí Mekorot asistió a reuniones preparatorias, pero fuentes del sector especulan que su rol es de «garantía de prestigio internacional» antes que el de operador efectivo.
Un detalle que define el proceso: el pliego autoriza la venta sin base y sin precio mínimo público. El propio texto oficial establece que el resultado «dependerá de la competencia efectiva entre oferentes». El contrato de concesión firmado en mayo fija inversiones de US$1.940 millones para el primer quinquenio y US$2.030 millones para el segundo, con un total de US$15.040 millones a 30 años. Sin embargo, las metas de cobertura para la primera década son modestas: agua potable pasa de 75,3% a 78,9% y cloacas de 63,9% a 65,3%. Las obras de mayor porte —cuatro plantas de tratamiento cloacal en Campo de Mayo, Laferrere, Pilar y Escobar, de entre US$150 y US$560 millones cada una— quedan fuera de la primera década de la concesión.
Desde Ágora Capital, el cuadro merece una lectura sin eufemismos. La privatización de AYSA es, en principio, exactamente lo que una economía que sale del estatismo necesita: capital privado asumiendo riesgos que el aparato estatal nunca supo gestionar. Pero la competencia efectiva —la única que protege al usuario y al contribuyente cuando no hay precio mínimo— exige más oferentes, no menos. Un proceso con pocos postores y candidatos con antecedentes judiciales documentados no es el escaparate que la Argentina necesita para atraer capital serio. El gobierno tiene hasta el 27 de agosto para demostrar que la desregulación produce mercado real, no apenas un cambio de manos.
