El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó el informe de sus primeros 183 días de gobierno ante funcionarios y representantes de instituciones del Estado. El mandatario defendió el rumbo de su administración y fijó el 27 de enero de 2030 como la fecha en que los ciudadanos podrán medir los resultados de su gestión.
Disciplina fiscal como eje
El eje central del balance fue la política de contención del gasto. Asfura sostuvo que el Estado no puede gastar por encima de sus ingresos y que cualquier estrategia de desarrollo debe considerar la sostenibilidad de las finanzas nacionales. También defendió el subsidio temporal a los combustibles, aunque condicionó su continuidad a que no comprometa la estabilidad presupuestaria.
El discurso de austeridad llega en un contexto donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa, según el propio mandatario, una fuerte presión para las finanzas públicas. Asfura confirmó que la estatal seguirá siendo empresa pública y pidió a los 128 diputados del Congreso Nacional aprobar la legislación necesaria para ordenar sus operaciones y mejorar el servicio eléctrico.
Seguridad e infraestructura
En materia de seguridad, el presidente reconoció que el tema continúa siendo uno de los principales desafíos del país, aunque no anunció medidas específicas. En infraestructura, destacó proyectos en ejecución, nuevos procesos de licitación e intervenciones en el Valle de Sula para reducir el riesgo de inundaciones.
En salud, el gobierno reportó avances en el programa «La Salud Más Cerca de Usted», con alta demanda ciudadana y planes de ampliación hacia más municipios mediante equipos médicos adicionales.
El tono: resultados, no discursos
«Hemos venido a resolver y para eso estamos aquí. No nos gusta hablar, nos gusta trabajar», afirmó Asfura, quien reconoció que su gobierno permanece bajo evaluación constante de la ciudadanía. El mandatario también hizo un llamado a la unidad política y convocó a funcionarios y sectores del Congreso a trabajar de manera conjunta.
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Desde Ágora Capital, el balance de Asfura envía señales que el capital regional sabe leer: un gobierno que pone la sostenibilidad fiscal por delante del gasto clientelar y que reconoce abiertamente el peso muerto de una empresa eléctrica estatal deficitaria tiene, al menos, el diagnóstico correcto. El problema es la velocidad de ejecución. La ENEE seguirá siendo empresa pública —una decisión que cierra la puerta a la inversión privada en generación y distribución— y la seguridad sigue sin medidas concretas sobre la mesa. Capital busca reglas claras; Honduras tiene el discurso, pero aún debe demostrar que la disciplina fiscal no cede ante la primera presión política del Congreso.
