El Gobierno argentino quiere renegociar el contrato de concesión de Aeropuertos Argentina —controlada por Eduardo Eurnekian a través de Corporación América Airports—, pero rechaza las condiciones que la empresa había discutido con la conducción anterior del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
El punto de quiebre es la tasa interna de retorno. El preacuerdo alcanzado con el extitular del Orsna, Facundo Leal, contemplaba una TIR de 14,45%, aunque la empresa pretendía elevarla a 16,45%. La actual conducción del organismo y la Secretaría de Transporte, a cargo de Mariano Plencovich, cuestionan directamente una tasa de retorno garantizada de «hasta casi 17%», que califican como parte de las «pretensiones exorbitantes» de la compañía.
La lógica oficial es directa: una rentabilidad de esa magnitud presupone un país con riesgo elevado. Con la mejora de las condiciones macroeconómicas que el Ejecutivo atribuye a su gestión, esa referencia debería revisarse a la baja. El Gobierno también descartó extender la concesión hasta 2056 —con posibilidad de prórroga hasta 2066—, plazos que formaban parte del preacuerdo fallido.
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2020, cuando el contrato fue extendido diez años, hasta 2038, con proyecciones que el Gobierno actual califica de «demasiado optimistas». Como evidencia, señala que en 2021 los ingresos de la empresa fueron 50% inferiores a los previstos en ese momento. Ese desfase es el desequilibrio económico que el Ejecutivo reconoce que debe recomponerse, aunque discute cuánto y bajo qué condiciones.
Dos salidas quedaron explícitamente descartadas: subir las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas —en particular las extranjeras, por el riesgo de perder conexiones— y reducir costos operativos a expensas de la calidad del servicio.
Lo que está en juego es concreto. La falta de acuerdo mantiene en suspenso un programa de inversiones estimado en más de US$600 millones para renovación y modernización de infraestructura. En paralelo, la empresa está próxima a completar el plan de US$606 millones asociado a la prórroga de 2020. Una extensión de la incertidumbre también podría comprometer los aportes al Fondo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna).
Tanto el Gobierno como Corporación América Airports reconocen la conveniencia de cerrar un acuerdo cuanto antes. La coincidencia en el diagnóstico —la concesión necesita reequilibrarse— no alcanza todavía para salvar la brecha en los números.
Desde Ágora Capital, el episodio ilustra una tensión clásica en la Argentina que intenta recuperar credibilidad inversora: el Estado hereda contratos mal estructurados por gestiones anteriores y debe renegociarlos sin destruir el incentivo privado. La posición del Ejecutivo de vincular la tasa de retorno al riesgo país real —en lugar de garantizar rentabilidades propias de una economía en crisis— es conceptualmente correcta y consistente con la narrativa de normalización macro. El riesgo es que la negociación se prolongue y el costo lo termine pagando la infraestructura, que no espera.
