El Gobierno de Javier Milei retiró del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que reformaba la Ley 26.737 —vigente desde 2011— para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en el Senado. La norma limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, y la propuesta oficial había llegado a plantear elevar el techo de tenencia extranjera del 15% al 25%. Sin los votos suficientes, el oficialismo prefirió no arriesgar el conjunto del proyecto.
Las principales inmobiliarias rurales no ocultaron su decepción. Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., resumió el problema con una frase directa: «Dejar vacante tanto potencial productivo es un crimen». Según Maurette, el debate nunca logró centrarse en el contenido real de la ley porque «los títulos siempre son buenos: 'no vendamos el país'. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero esta ley no significa regalar ni vender el país».
El operador señaló que el foco mediático se concentra en los campos agrícolas cuando existen actividades —forestación, minería, economías regionales— donde la inversión extranjera podría ser determinante y donde el capital local históricamente no ha llegado. «Que inviertan extranjeros no quiere decir que la tierra o la soberanía sean de ellos. Van a tener que respetar todas las leyes argentinas», remarcó.
Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario, calificó el desenlace de «decepcionante» y apuntó a la desinformación como causa principal: «Todavía domina la ideología, la desinformación o la falta de información seria para tratar este tema con serenidad, racionalidad y madurez». Para Madero, la soberanía no está en juego porque «la tierra queda en la Argentina, produce en la Argentina, contrata mano de obra argentina, paga impuestos en la Argentina y está sometida a las leyes argentinas».
Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados, coincidió en que la falta de información de legisladores y sociedad convirtió un debate económico en uno político. «Es una oportunidad muy importante que pierde la Argentina. La inversión extranjera genera recursos para el país y también beneficios para quienes invierten», afirmó.
Del lado opuesto, la Federación Agraria Argentina expresó su «profunda preocupación» por las modificaciones impulsadas por el Gobierno, lo que ilustra la resistencia que enfrentó la iniciativa incluso dentro del propio sector agropecuario.
El mercado ya votó con su silencio: sin señal legislativa, los capitales externos que miraban desarrollos forestales, mineros y regionales seguirán esperando reglas claras. La Ley 26.737 nació en otro ciclo político, con otra concepción del Estado y del capital privado. Mantenerla intacta no defiende la soberanía; simplemente preserva una burocracia que encoge el universo de compradores y deja sin financiamiento actividades que el ahorro doméstico no alcanza a cubrir. El Gobierno eligió pragmatismo parlamentario sobre reforma estructural. El costo, como siempre, lo paga la productividad.
