La empresa minera Vicuña obtuvo el visto bueno del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) para construir su propia infraestructura de alta tensión en San Juan. El Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) despeja el principal obstáculo regulatorio que frenaba el avance del proyecto Josemaría, apuntado a convertirse en la mayor inversión extranjera de la historia argentina.
Vicuña es la empresa conjunta entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP. El mes pasado, el Ministerio de Economía le había aprobado el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión inicial estimada en US$9.700 millones que podría escalar hasta US$18.000 millones en las distintas etapas de desarrollo.
La disputa regulatoria
El conflicto giraba en torno a la línea de 132 kV Nueva San Juan-Rodeo, construida con aportes de otras mineras y de fondos provinciales. Vicuña propuso financiar la ampliación de esa línea a 500 kV y solicitó prioridad de uso por 25 años sobre el 90% de la capacidad remanente, bajo el esquema habilitado por la Ley Bases y la resolución 311 de la Secretaría de Energía: quien financia una ampliación del sistema de transporte obtiene prioridad sobre la capacidad incremental que esa obra genera.
La oposición fue amplia: el ente regulador de San Juan, el gobierno de La Rioja y otras mineras —Los Azules de McEwen Copper, Barrick, Golden Mining y Casposo— resistieron la solicitud. El Enrege rechazó sus planteos. Sostuvo que las líneas de alta tensión son de jurisdicción federal y que ninguna normativa provincial puede limitar el libre acceso que establece la ley nacional 24.065, citando fallos de la Corte Suprema en los casos «Transener c/Provincia de Neuquén» y «Central Puerto S.A.»
Las obras y su alcance
El paquete de infraestructura contempla la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo; una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de 167 kilómetros; la construcción de la nueva ET Chaparro; y una línea de 220 kV entre Chaparro y la futura ET Josemaría, de 93 kilómetros. La demanda eléctrica inicial del depósito Josemaría es de 260 MW y escalará a 400 MW y luego a 700 MW. La inversión en infraestructura eléctrica se estima entre US$400 millones y US$500 millones, financiados íntegramente por Vicuña. Una vez concluida, la red pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Fuentes oficiales citadas por La Nación señalaron que el proyecto generará más de 30.000 puestos de trabajo y un impacto positivo de US$3.270 millones anuales en la balanza comercial.
Lectura de Ágora Capital
Este desenlace ilustra con precisión qué ocurre cuando el marco regulatorio acompaña al capital privado: la infraestructura estratégica llega sin costo para el contribuyente, el Estado cobra en divisas, empleo y capacidad instalada. El RIGI y la Ley Bases no son slogans; son el mecanismo concreto que transformó años de traba burocrática en una resolución ejecutable.
El episodio también deja una lección sobre federalismo y libre mercado: cuando las jurisdicciones provinciales intentan reservarse potencia sobre redes de alcance nacional, el resultado es la parálisis. La supremacía de la ley 24.065 y la jurisprudencia de la Corte Suprema protegieron aquí el principio de libre acceso. Capital busca reglas claras —y esta vez las encontró.
