El Senado argentino analiza una reforma profunda a la legislación que regula la propiedad de tierras rurales, enmarcada en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El dictamen de comisión establece límites estrictos para la compra de campos por parte de extranjeros y, en particular, de empresas vinculadas a estados foráneos.
La norma prohíbe de forma expresa la adquisición de tierras rurales por parte de cualquier estado extranjero. La prohibición se extiende a empresas con participación estatal extranjera, salvo que cuenten con autorización expresa tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional. Si la autorización no recibe respuesta en los plazos previstos, el proyecto contempla la aprobación automática mediante «silencio administrativo» al cabo de 180 días.
Para zonas de seguridad de frontera, el texto incorpora exigencias adicionales: los extranjeros deben obtener el aval provincial y del Ejecutivo nacional bajo el mismo esquema de plazos. El dictamen también declara ilegal el uso de personas físicas o jurídicas como pantalla para eludir los controles, calificando esas maniobras como fraude con las sanciones correspondientes.
La iniciativa no afecta derechos adquiridos con anterioridad a su sanción. Deroga varios artículos de la Ley 26.737 y del decreto ley 15385/44, reemplazando el marco normativo previo.
El trasfondo geopolítico es explícito. Según la fuente, el Gobierno de China emitió una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación del país asiático por sobre las normativas locales, lo que generó inquietud en Argentina por el riesgo de que compañías con respaldo estatal adquieran terrenos estratégicos y operen bajo intereses de Beijing. El dictamen no menciona explícitamente a China, pero el contexto alimenta la lectura de que la norma apunta a limitar el margen de acción de empresas asociadas a gobiernos extranjeros.
La discusión en el Senado llegó con tensión interna. Infobae reveló un enfrentamiento entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por la definición de la agenda parlamentaria y el control de la sesión. El entorno de Bullrich cuestionó la estrategia de Villarruel respecto a la inclusión del capítulo tierras en el temario, abriendo una grieta dentro del bloque gobernante.
Desde Ágora Capital, el diagnóstico es claro: capital busca reglas claras, y esta norma intenta precisamente fijar las reglas del juego frente a un actor —el Estado chino— que, según su propia directiva, subordina sus empresas a la ley de Beijing antes que a la del país receptor. Proteger la propiedad privada de la captura por parte de aparatos estatales extranjeros no es proteccionismo: es la condición mínima para que la inversión genuina —aquella que asume riesgo propio y no opera como brazo de un gobierno— encuentre terreno fértil. El desafío del Congreso será no usar ese argumento legítimo para añadir burocracia que termine desincentivando al inversor privado extranjero que sí juega con reglas de mercado.
