El gobierno de Donald Trump fijó una sobretasa arancelaria del 12,5% a diversos productos de exportación chilena, el nivel más alto de la escala aplicada en su nueva ronda de tarifas. La medida coloca a Chile en una posición más desfavorable que otros países, que enfrentan el arancel base del 10% para competir en el mercado estadounidense.
El dato es políticamente incómodo para La Moneda. El presidente José Antonio Kast había apostado por una relación privilegiada con Washington como eje de su política exterior, argumentando que el deterioro del vínculo bilateral era herencia de la administración de Gabriel Boric. Cuando Trump anunció el arancel del 10% el año pasado, fue el propio Kast quien criticó públicamente a Boric por sus roces con la Casa Blanca. «¿Qué no hacer ahora? Lo que hace el Presidente Boric, que es descalificar y provocar al gobierno de Estados Unidos, no sirve», dijo entonces.
Ahora, con el arancel en 12,5%, la apuesta diplomática enfrenta su primer test de resultados.
El excanciller Heraldo Muñoz calificó la situación de «perjuicio y golpe discriminatorio» y señaló que hay «un manejo errado, a mi juicio, hasta ahora» por parte del canciller Francisco Pérez Mackenna. Según Muñoz, el diferencial de 2,5 puntos porcentuales respecto del arancel base implica que los productos de otros países ingresarán al mercado estadounidense en condiciones más competitivas que los chilenos.
El excanciller y exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza ofreció una lectura más fría: «No sé hasta qué punto ello es una política hacia Chile, algo programado o no. Podemos ser un buen aliado donde se quiera, pero no hacen excepciones con nosotros. Eso es real». Insulza agregó que esa ausencia de excepciones puede, en algunos casos, otorgar al país mayor libertad de acción y menor sujeción a presiones externas.
El episodio tiene antecedentes históricos que atraviesan el espectro ideológico. Desde la frase atribuida a Richard Nixon en septiembre de 1970 —«hacer que la economía chilena grite»— documentada en archivos desclasificados de la CIA, hasta la enmienda Kennedy de 1976 que restringió la asistencia militar al régimen de Pinochet, y la Crisis de las Uvas de 1989, que generó pérdidas de 330 millones de dólares al sector exportador chileno, Washington ha aplicado presión económica sobre Santiago con independencia del color político del gobierno de turno.
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La lección que dejan estos episodios es tan vieja como el libre comercio: las relaciones bilaterales se miden en intereses, no en afinidades ideológicas. El mercado ya votó: un diferencial arancelario de 2,5 puntos porcentuales no es simbólico cuando se trata de commodities agrícolas, minerales o manufacturas que compiten en precio. Capital busca reglas claras, y una sobretasa asimétrica introduce exactamente la distorsión que perjudica a los exportadores chilenos frente a sus rivales directos.
Para Kast, el reto ahora es demostrar que la apuesta diplomática puede traducirse en resultados concretos —una renegociación, una excepción sectorial, un mecanismo de compensación— antes de que el costo político y económico del 12,5% se instale como el dato definitorio de su gestión exterior.
