La Asamblea de Antioquia aprobó los lineamientos para la formulación e implementación de la Política Pública de Micronegocios, bajo la Ordenanza 18 de 2025. La norma, impulsada por el diputado Néstor Mauricio Caly Padilla del partido MIRA, busca fortalecer a los establecimientos que, según la Encuesta de Micronegocios (EMICRON), representan el 90 % del tejido empresarial de Antioquia y el 87 % en el Valle de Aburrá.
La política define micronegocio como una unidad económica con entre 1 y 9 personas ocupadas e ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 Unidades de Valor Tributario (UVT) —equivalentes a aproximadamente $183.309.000 para 2026—. Quedan excluidas franquicias, tiendas de cadena y grandes superficies.
Las líneas de acción contemplan cuatro ejes centrales: acceso a nuevas fuentes de financiación para negocios que hoy dependen del ahorro propio o préstamos informales; procesos de digitalización, innovación y comercio electrónico; formalización ante el sistema de seguridad social; y protección para la vejez de los propietarios.
La ordenanza incorpora además un enfoque diferencial que prioriza negocios liderados por mujeres, jóvenes, población rural, víctimas del conflicto armado y personas en condición de vulnerabilidad.
Como instrumento de seguimiento, la norma crea el Comité Departamental para la Economía de Micronegocios, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico e integrado por representantes de Planeación, Ambiente, Salud e Inclusión Social. La Gobernación tendrá un plazo máximo de 15 meses desde la publicación oficial para diseñar, adoptar e implementar formalmente la política.
La Secretaría de Desarrollo Económico también deberá construir un sistema de información georreferenciado para identificar y caracterizar los micronegocios municipio por municipio, como paso previo a los programas de acompañamiento empresarial.
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Lo que Antioquia aprobó es, en esencia, un reconocimiento institucional de que la libre empresa de pequeña escala —la tienda de barrio, la panadería familiar, el expendio de carne— no necesita tutela ideológica sino acceso real a crédito, tecnología y reglas claras. Esa es la diferencia entre una política pública útil y el intervencionismo estéril que caracteriza al gobierno nacional de Gustavo Petro.
El reto ahora es de ejecución. Capital busca reglas claras, y 15 meses es un plazo razonable si la Gobernación prioriza instrumentos que reduzcan fricciones —no que las multipliquen con burocracia nueva. Si el comité creado coordina en lugar de obstaculizar, y si el financiamiento llega a través del mercado y no de subsidios discrecionales, el 90 % del tejido empresarial antioqueño tendrá una plataforma real para dar el salto de la subsistencia a la productividad.
