El brote de salmonela que afectó a 145 médicos residentes del Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga» derivó en una investigación administrativa formal. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud abrió el expediente el 3 de septiembre, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades administrativas vinculadas a la contingencia sanitaria.
El 4 de septiembre, personal del OIC realizó una visita de verificación al hospital para recabar documentación, testimonios y evidencia. La revisión abarcó las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.
Para esa misma fecha, 41 residentes permanecían hospitalizados, todos estables y fuera de peligro, según las autoridades. El comedor involucrado lleva cerrado desde el 1 de septiembre y continuará clausurado mientras avanza la investigación.
El secretario de Salud, Kershenobich, señaló que las autoridades sospechan que el origen pudo estar relacionado con el consumo de huevo, dado que la salmonela puede transmitirse a través de ese alimento. Aclaró también que el comedor afectado no es el que abastece a los pacientes hospitalizados, sino uno subrogado, destinado exclusivamente a los médicos residentes.
La investigación apunta de manera específica a la empresa que presta el servicio subrogado del comedor. La Secretaría Anticorrupción precisó que «todavía no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de servidores públicos», y que los resultados de laboratorio y otra información siguen pendientes de integración al expediente.
El OIC solicitó datos a distintas áreas del hospital para establecer el número total de afectados, su evolución médica, las medidas implementadas y los resultados de los estudios epidemiológicos realizados hasta ahora.
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El caso expone una falla estructural que el aparato estatal mexicano arrastra desde hace décadas: la subcontratación de servicios críticos en instalaciones de salud pública sin mecanismos de supervisión efectivos. Cuando el Estado delega la alimentación de sus propios médicos a una empresa subrogada y el resultado es un brote que hospitaliza a decenas de residentes, la pregunta no es solo quién firmó el contrato, sino qué controles —o ausencia de ellos— lo hicieron posible.
El dinero de los contribuyentes financia ese comedor y, con él, la responsabilidad de garantizar condiciones sanitarias básicas. La investigación del OIC es el paso mínimo exigible; la prueba real será si las conclusiones llegan con nombres, sanciones y, sobre todo, con cambios en los procesos de contratación y supervisión que impidan que el siguiente brote ocurra en otro hospital público.
