El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, asumió el liderazgo de la negociación política en la recta final de la megarreforma tributaria del gobierno del presidente José Antonio Kast. La decisión se produjo tras un episodio que tensionó las relaciones con senadores del PPD y expuso las costuras internas del Ejecutivo en un momento decisivo.
El viernes, durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, el ministerio ingresó una indicación que rebajaba el impuesto de primera categoría de 23% a 22%. Los senadores del PPD Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal —quienes días antes habían comprometido su respaldo al nuevo régimen de invariabilidad tributaria a cambio de una sobretasa de 1,5% para las empresas que se acogieran al mecanismo— aseguraron que ese cambio nunca había sido parte de las conversaciones. La reacción fue inmediata: advirtieron que retirarían su apoyo al proyecto.
Fue Alvarado quien intervino. Según confirmó el propio biministro a La Tercera, «le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%». El gesto restableció la tasa original de 23%, pero no alcanzó para descomprimir el conflicto. Los parlamentarios del PPD transmitieron que el acuerdo de mitad de semana estaba «caído» y que cualquier nuevo entendimiento debería construirse desde cero.
El costo político para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue inmediato. En La Moneda hubo molestia porque la indicación proyectó la imagen de un Ejecutivo que no respetaba los términos de un acuerdo alcanzado apenas días antes. Desde esa tarde, el gobierno comenzó a transmitir a los senadores del PPD que el interlocutor válido para la negociación pasaba a ser Alvarado.
Durante el fin de semana, el biministro mantuvo contacto con el senador Pedro Araya. Al cierre de la edición, en La Moneda se evaluaba concretar este lunes una reunión con la bancada de senadores del PPD, aunque la cita aún no estaba confirmada. El PPD ya puso sobre la mesa una nueva demanda: rebajar el impuesto específico a los combustibles.
Alvarado reconoció que «no está el escenario para llegar a un entendimiento global con la oposición», aunque expresó su expectativa de recomponer el diálogo. El gobierno, según distintas fuentes, confía en que cuenta con la holgura necesaria para aprobar la reforma en la Sala del Senado con los votos oficialistas, aunque un respaldo más amplio habría dotado al proyecto de mayor legitimidad política.
La megarreforma enfrenta esta semana su último paso por la Comisión de Hacienda antes de ser despachada a la Sala del Senado. El episodio deja una lección que el mercado no debería ignorar: cuando la señal regulatoria se vuelve impredecible —incluso en el seno de un gobierno pro inversión—, el costo de recomponer la confianza supera con creces el beneficio de un punto porcentual en la tasa corporativa. Capital busca reglas claras, y la certeza jurídica que promete el régimen de invariabilidad tributaria pierde valor si el proceso para aprobarlo genera ruido político innecesario.
