La Alcaldía de Panamá presentó el proyecto «Plaza de la Democracia–Bahía Viva», una intervención urbana de 1,2 hectáreas ubicada en el corregimiento de San Francisco, frente a la Bahía de Panamá. La propuesta fue sometida a audiencia pública y obtuvo aprobación unánime.
La inversión asciende a $15 millones y proviene íntegramente de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La ejecución está programada para arrancar en 2027.
Un espacio que recibe hasta 10.000 personas los fines de semana
Según el municipio, la plaza registra cerca de mil visitantes diarios y alrededor de 10.000 personas durante los fines de semana. La Alcaldía sostiene que el espacio se encuentra subutilizado y requiere intervención para mejorar sus condiciones y funcionalidad.
El cambio más visible será la eliminación del estacionamiento superficial, con el fin de recuperar área para uso ciudadano. En su lugar, el proyecto contempla un estacionamiento soterrado con capacidad aproximada para 90 vehículos.
Qué incluye el diseño
El plan incorpora áreas verdes, senderos peatonales, ciclovías, miradores hacia la bahía, iluminación, mobiliario urbano, jardines de lluvia, pavimentos permeables, sistemas de captación de aguas pluviales, arborización y una pasarela elevada. También se proyecta la construcción de dos edificios públicos destinados a servicios comunitarios.
La administración municipal enmarca la obra dentro de su estrategia de recuperación del sistema costero de espacios públicos, identificando el sector como punto clave para conectar la ciudad con el río Matasnillo y la Bahía de Panamá. Entre los impactos esperados figuran la reducción del efecto de isla de calor, mejoras en accesibilidad y seguridad, y el aumento de la biodiversidad urbana.
La lectura del mercado
Una plaza renovada con infraestructura de calidad y conectividad peatonal eleva el valor del entorno inmediato: el capital privado lee ese tipo de intervención como señal de certeza jurídica y orden urbano, dos variables que inciden directamente en el precio del suelo y en la disposición a invertir en el corredor costero.
La clave, sin embargo, está en la ejecución. Los $15 millones son dinero de los contribuyentes panameños canalizados vía IBI; la administración Mulino tiene la responsabilidad de garantizar que cada dólar se traduzca en obra entregada a tiempo, con supervisión transparente y sin sobrecostos. Panamá compite por capital regional: la calidad de sus espacios públicos es parte del argumento.
