El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México una asignación de recursos extraordinarios. El motivo: minas y taludes que representan riesgo activo para cientos de familias en la demarcación.
Desde el inicio de su administración, la alcaldía invirtió cerca de 10 millones de pesos en estudios y atención de estos puntos críticos. No fue suficiente. La dimensión del problema supera la capacidad presupuestal disponible, según declaró el propio edil.
Tabe señaló además que, durante los cuatro años de su gestión, la alcaldía no recibió presupuestos extraordinarios del gobierno central. El presupuesto ordinario ya está comprometido conforme a reglas de operación. No existe un fondo de contingencias para emergencias de este tipo.
Las solicitudes concretas son tres. Primera: una asignación adicional que complemente los Presupuestos Participativos que los vecinos ya destinaron a mitigación de riesgos. Segunda: una bolsa presupuestal específica para intervenir minas y taludes ubicados en Áreas Naturales Protegidas, cuya administración corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente. Tercera: una mesa técnica permanente para coordinar acciones entre la alcaldía y el gobierno capitalino.
«La Ciudad necesita apoyar estas obras, porque ya existen taludes y minas que representan un alto riesgo», afirmó Tabe. Añadió que la prevención de desastres no puede depender únicamente del presupuesto de las alcaldías.
El planteamiento es directo. Hay un riesgo real. Hay obras necesarias. No hay dinero en caja.
Lectura editorial
El caso ilustra una disfunción estructural del aparato de gobierno local: las alcaldías cargan con la responsabilidad de la seguridad inmediata, pero no controlan los recursos para ejercerla. El resultado es predecible. Las obras se posponen. El riesgo crece. Y cuando ocurre el desastre, el costo —humano y fiscal— es mayor que el de la prevención.
Lo que Tabe pide no es gasto discrecional. Es infraestructura de seguridad básica. Capital busca reglas claras, pero también instituciones que funcionen. Una ciudad que no puede financiar la estabilización de sus propios suelos no está en condiciones de atraer inversión ni de proteger la propiedad privada de quienes viven en las zonas afectadas. El Gobierno de la Ciudad tiene la palabra.
