La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) advirtió que el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), incorpora medidas que podrían elevar el costo de mantener terrenos y ejecutar proyectos.
Tras analizar la propuesta, la ADI reconoció la importancia de una planeación metropolitana coordinada, pero señaló que el documento incluye nuevos costos, obligaciones, cargas y restricciones para propietarios y el sector inmobiliario.
Entre los puntos observados, el programa propone acercar los valores catastrales a precios de mercado y revisar el impuesto predial. También plantea un nuevo gravamen para predios baldíos o subutilizados, algo que, de acuerdo con la asociación, podría incrementar el costo de conservar terrenos que todavía no pueden desarrollarse por razones administrativas, técnicas o de mercado.
Además, contempla cobros vinculados con una mayor capacidad de construcción o cambios de uso de suelo, así como controles sobre determinadas modalidades de vivienda. La ADI indicó que estos instrumentos podrían acumularse con las contribuciones, mitigaciones y obligaciones que actualmente pagan los proyectos.
«La suma de estas medidas encarecerá el suelo y la ejecución de proyectos, con efectos negativos sobre la construcción de vivienda, inversión y generación de empleos», afirmaron los desarrolladores.
Por ello, la ADI sostiene que el programa no debe aprobarse en los términos actualmente propuestos. La organización agregó que el programa no crea estas cargas de manera inmediata, pero sí sienta las bases para su posterior incorporación en leyes y programas locales.
La asociación participará en la consulta pública, abierta hasta el 22 de noviembre, y mantendrá diálogo con las autoridades para presentar la postura y propuestas del sector. En su mensaje, dijo que busca una planeación metropolitana que fortalezca la certeza jurídica, proteja el patrimonio y favorezca las condiciones para el desarrollo de vivienda y la inversión.
Para el mercado, el punto central no es menor: cuando un plan urbano eleva costos y agrega capas de autorización, el resultado suele sentirse en el margen de los proyectos y en la velocidad de capitalización de la tierra. El mercado ya votó muchas veces en contra de más carga regulatoria; ahora la señal depende de si la autoridad escucha antes de convertir el diseño en una nueva barrera.
También está en juego el principio de certeza jurídica. Si las reglas cambian hacia más gravámenes, más controles y más obligaciones, el flujo de inversión puede buscar destinos con menos fricción. En vivienda, el costo final rara vez lo absorbe solo el desarrollador; termina reflejándose en el acceso, la oferta y la velocidad con la que se construye.
