El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, para iniciar el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). La orden llegó acompañada de un comunicado oficial. En él, la Oficina de Prensa del presidente electo señaló que el próximo gobierno revisará «estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales».
El argumento central del equipo entrante es directo: las Appa restringen «injustificadamente» el uso productivo de la tierra. La derogatoria, según el comunicado, busca generar empleo, mejorar la confianza de productores e inversionistas, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo colombiano.
El Ministerio de Agricultura del gobierno Petro respondió de inmediato. En un comunicado propio, la cartera calificó la medida de «retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria». Advirtió además que la derogatoria afectaría los derechos del campesinado y desconocería el principio de no regresividad en materia de derechos.
Los números del ministerio saliente son relevantes. Durante el gobierno de Gustavo Petro, cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios ya fueron declaradas Appa. El ministerio citó también datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam): más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de deterioro físico, químico o biológico. Los suelos agrícolas del 60% de los municipios del país tienen afectaciones.
La cartera saliente rechazó además que las Appa sean «mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos». Argumentó que en esas zonas no se restringen las actividades económicas ni se impide el desarrollo de obras de infraestructura. Cada declaratoria, señaló, se sustenta en estudios técnicos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), con metodologías objetivas y participación ciudadana.
El ministerio fue más lejos en su argumento jurídico. Citó el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 388 de 1997. Ambas normas, dijo, obligan al Estado a conservar la integridad y capacidad productiva de los suelos. Para la cartera, proteger el suelo rural «no constituye una decisión discrecional».
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el debate revela una tensión de fondo. El aparato estatal saliente construyó durante cuatro años un andamiaje regulatorio sobre un millón de hectáreas. Ese andamiaje limita el uso productivo de la tierra y, con él, la inversión privada en el campo. El gobierno entrante apuesta por desmantelarlo para devolver señales claras al capital agropecuario. La resistencia burocrática era previsible. Lo que importa ahora es la velocidad y el rigor jurídico con que Abelardo ejecute el cambio. Capital busca reglas claras, no batallas de comunicados.
