Los números son concretos. En un solo año, 45 grandes reversiones de política climática en 15 jurisdicciones. Seis de esas reversiones ocurrieron en un lapso de cinco semanas, en el preciso momento en que las olas de calor mataban personas en Europa. Así lo documenta un análisis publicado por Ingmar Rentzhog, CEO y fundador de We Don't Have Time.
El verano europeo de 2026 ofreció el contexto más dramático. Polonia registró una temperatura récord nacional de 40,5 °C; Francia alcanzó 44,3 °C, su día más caluroso desde que existen mediciones nacionales. Una evaluación de la Organización Mundial de la Salud identificó más de 14.000 muertes en exceso durante el pico de dos semanas. World Weather Attribution concluyó que un calor de esa magnitud habría sido «virtualmente imposible» sin el cambio climático de origen humano.
Entre los retrocesos documentados figuran la rescisión del Endangerment Finding de la EPA en Estados Unidos, el debilitamiento del mercado de carbono de la Unión Europea y nuevas aprobaciones de extracción petrolera en el Mar del Norte por parte del Reino Unido.
El análisis recurre al sociólogo Stanley Cohen y su tipología de la negación —literal, interpretativa e implicatoria— para argumentar que la forma dominante en 2026 ya no es negar la ciencia, sino negar las consecuencias que la ciencia exige. Los gobiernos, según el texto, «aceptan cada palabra de la ciencia y aprueban el siguiente campo petrolero».
Rentzhog identifica cuatro etapas de negación moderna: negar la crisis, negar su causa, negar las soluciones y negar la responsabilidad de actuar. Cada etapa concede más terreno científico mientras protege el mismo resultado: la inacción. La etapa final, señala, es el «doomismo» —declarar la guerra perdida y concluir que ninguna acción vale la pena—, fenómeno que el científico climático Michael Mann ha advertido desde hace años.
El texto también cita investigación médica sobre pacientes con enfermedades terminales: solo alrededor de la mitad comprende con precisión su propio pronóstico, y la negación, útil como mecanismo de defensa a corto plazo, se convierte en «una de las principales barreras» para actuar cuando todavía es posible.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el debate de fondo no es psicológico ni moral: es de incentivos y costos. Los retrocesos documentados —desde Washington hasta Bruselas— reflejan una tensión real entre el costo inmediato que las políticas climáticas imponen a contribuyentes, industrias y cadenas de suministro, y los beneficios difusos y de largo plazo que prometen. Cuando los gobiernos retroceden, en muchos casos responden a una señal de mercado político legítima: los votantes y las empresas rechazan regulaciones que elevan costos sin garantizar resultados.
El verdadero problema no es la negación, sino la ausencia de instrumentos que alineen incentivos en lugar de redistribuir cargas. Una política climática que se vende como sacrificio colectivo administrado por el aparato estatal tiene todas las condiciones para generar exactamente lo que este análisis describe: aceptación retórica y parálisis práctica. Capital busca reglas claras, no mandatos que cambian cada ciclo electoral.
