El sistema frontal que azota a diez regiones de Chile dejó hasta la mañana de este viernes 332.000 clientes sin suministro eléctrico, equivalente al 4% del total nacional, según informó la ministra de Energía, Ximena Rincón, desde la región de Valparaíso.
Las dos regiones más golpeadas concentran la mayor parte del problema. La Araucanía llegó a su peak con 190.000 clientes sin luz; al momento del reporte, la cifra se había reducido a 100.000. Valparaíso, desde donde la secretaria de Estado coordinó el operativo por instrucciones del Presidente José Antonio Kast, registraba 84.000 clientes sin servicio.
El impacto no se limita a los hogares. De los más de 1.800 centros de salud del país, 92 resultaron afectados. En materia de servicios sanitarios, 1.068 reportaron corte de suministro, aunque todos mantenían sus equipos en funcionamiento. Entre los usuarios electrodependientes —12.500 registrados a nivel nacional— 981 enfrentaban corte, y por el momento sus dispositivos seguían operando.
El cuadro más grave lo describió la propia ministra al referirse a la comuna de Loncoche, en La Araucanía: una cuadrilla de reposición debió abandonar su zona de trabajo tras ser recibida con disparos al aire. «Un equipo de trabajadores fue baleado al aire y tuvieron que retirarse», declaró Rincón, quien añadió que los antecedentes fueron puestos en conocimiento de las autoridades a través de la SEC y del propio ministerio.
«El servicio eléctrico es un servicio esencial», subrayó la secretaria de Estado al exigir que se proteja a los trabajadores de reposición.
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El episodio de Loncoche ilustra una tensión que va más allá de la meteorología: cuando el Estado intenta restablecer un servicio básico y sus operarios son repelidos a tiros, el problema no es técnico sino de orden público. La libre empresa que sostiene las redes eléctricas —y los contribuyentes que financian la infraestructura regulada— no pueden asumir el costo de operar en zonas donde el Estado no garantiza condiciones mínimas de seguridad.
La reposición del suministro depende de cuadrillas que arriesgan su integridad. Cada hora de corte adicional tiene un costo económico real para familias, comercios y centros de salud. La pregunta que queda sobre la mesa es si el aparato estatal cuenta con la voluntad y los recursos para asegurar que esos trabajadores puedan hacer su labor sin que nadie les dispare.
