Veinticinco estados presentaron el lunes una demanda conjunta contra la administración del presidente Donald Trump por sus más recientes aranceles, argumentando que constituyen un pretexto para sustituir los impuestos a la importación que la Corte Suprema anuló en febrero.
El mes pasado, Estados Unidos impuso aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, bajo el argumento de que esas naciones no habían hecho lo suficiente para combatir las importaciones producidas mediante trabajo forzado. Las tasas oscilan entre el 10% —aplicado a México— y el 12,5%, y afectan a países que proveen el 99% de las importaciones estadounidenses.
Los nuevos aranceles entraron en vigor justo cuando expiraban los gravámenes temporales del 10% a nivel mundial a los que había recurrido Trump tras la derrota judicial. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza la coalición: «Tras perder ante la Corte Suprema, el gobierno está intentando una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles».
El fundamento legal en disputa
La administración invocó esta vez la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al presidente a imponer sanciones contra países con prácticas comerciales desleales. Trump ya utilizó esta misma herramienta contra China durante su primer mandato, y esos aranceles resistieron los recursos judiciales.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la medida: «Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta legalmente sólida desde el primer mandato del presidente, y siguen siéndolo en la actualidad».
Sin embargo, las demandas —esta coalición de estados más otras dos presentadas en julio por pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional— sostienen que el gobierno no fundamentó adecuadamente sus argumentos contra cada economía específica ni explicó cómo los aranceles eliminarán la práctica concreta que se les imputa, tal como exige la Sección 301.
El contexto: derrota previa y maniobra fiscal
La Corte Suprema dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) no autorizaba la imposición de aranceles. Esa decisión obligó al gobierno a reembolsar a los importadores que habían pagado dichos gravámenes. Los aranceles temporales del 10% expiraron a la medianoche del 24 de julio.
La nueva ronda bajo la Sección 301 es, en la práctica, el mecanismo para recuperar esos ingresos perdidos.
Lectura editorial
El debate de fondo no es arancelario: es constitucional. Cuando el Ejecutivo necesita tres fundamentos legales distintos en pocos meses para sostener la misma política, el mercado registra el riesgo jurídico antes que el político. Capital busca reglas claras, y una cadena de litigios que puede llegar de nuevo a la Corte Suprema no es precisamente eso.
Dicho esto, la Sección 301 tiene historial favorable en los tribunales. Si el gobierno logra documentar caso por caso el vínculo entre cada país y el trabajo forzado —el punto débil que señalan las demandas—, la herramienta puede sostenerse. El mercado ya votó: la incertidumbre tiene precio, y ese precio lo pagan primero los importadores y, en última instancia, el consumidor.
