Hubo un terremoto de 7,4 en Colombia. En 48 horas, el sector privado movilizó más de $350.000 millones para la reconstrucción. Vélez, Gilinski, la familia Santo Domingo. La ANDI sumó otros $201.637 millones. Roa Florhuila, Alpina, ANALAC y Tetra Pak armaron una cadena de suministro alimentario para Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca sin esperar instrucciones.
No hubo conferencia de prensa primero. Hubo logística.
Eso me interesa más que cualquier debate sobre política fiscal. El nuevo director del DNP, Buitrago, llega con apenas 4% de espacio fiscal y una emergencia de $10 billones encima. El Estado llega tarde, llega corto, llega con deuda que no tiene. El capital privado no llegó a llenar un vacío simbólico: llegó porque puede moverse rápido y porque tiene incentivos reales para que esa economía funcione de nuevo.
La misma lógica aparece en Venice Beach. Unos 250 residentes y negocios contratan a «Ghost Town Consultants» —fundada por ex integrantes de pandillas reformados— porque el LAPD está 4.000 agentes por debajo de lo necesario. El mercado no esperó que la burocracia se pusiera al día. Resolvió el problema con lo que tenía disponible.
Estos dos casos no son curiosidades. Son el mismo mecanismo operando en contextos distintos: cuando el aparato público no alcanza, el capital y la iniciativa privada llenan el espacio. No por altruismo. Por incentivos alineados con resultados concretos.
Lo que me llama la atención es que seguimos sorprendiéndonos cada vez que pasa.
Hay una narrativa instalada que asume que el Estado es el actor natural de primera respuesta y que el sector privado es un parche, una solución de emergencia, algo levemente vergonzoso. Esa narrativa invierte la evidencia. En Colombia esta semana, el capital privado no fue el plan B. Fue el plan que funcionó.
El contrapunto está en California. Cuban advirtió que si la Proposición 40 —un impuesto del 5% al patrimonio— se aprueba, ningún fondo de capital de riesgo invertiría en una startup cuyos fundadores residan allí. No es una opinión sobre justicia distributiva. Es una descripción de cómo se mueve el capital. Los emprendedores y los inversores se irán. Ya lo están haciendo.
Los tres casos apuntan a lo mismo: el capital tiene piernas. Se mueve hacia donde las reglas son predecibles y los incentivos están alineados. Se aleja de donde la carga es impredecible o confiscatoria. No es ideología. Es aritmética.
Argentina lo sabe mejor que nadie. Esta semana el equipo económico desplegó una batería de instrumentos cambiarios para mantener el dólar bajo 1.500 pesos mientras el riesgo país subía a 478 puntos. El mercado respondió con escepticismo: bonos a la baja, cobertura en alza. Seis millones de morosos frenan el crédito. Los inversores miran 2027, no los fundamentos de hoy.
Cuando el capital no confía en las reglas, no espera: se cubre, se va o no llega.
Lo que Colombia mostró esta semana es el otro lado de esa ecuación. Empresas con reputación que defender, con clientes en esas regiones, con cadenas de valor que dependen de que esas ciudades vuelvan a funcionar. Eso produce acción rápida y coordinada sin que nadie lo ordene.
El capital no es benevolente ni malévolo. Responde a estructuras de incentivos. Cuando esas estructuras permiten construir, construye. Cuando las castigan, se mueve.
La pregunta relevante para cualquier gobierno no es cómo controlar ese movimiento. Es cómo crear las condiciones para que el capital quiera quedarse y hacer algo útil con él.
El conflicto en torno al estrecho de Ormuz mantiene en vilo al mercado petrolero: entre 6 y 10 millones de barriles diarios siguen transitando por el corredor patrullado por Estados Unidos frente a la costa de Omán. Analistas advierten que Teherán evalúa una escalada antes de las elecciones de mitad de período en EE.UU.
Canadá abandonó las negociaciones comerciales con Washington tras rechazar condiciones que, según Carney, comprometían la soberanía del país, dejando entrar los aranceles del 50%. El mundo observa si la resistencia a la presión arancelaria de Trump resulta viable o simplemente costosa.
El inversor Burry liquidó su posición en Alibaba al considerar que la acción cotiza con una sobrevaluación del 50%, citando la emisión de nuevas acciones y el deterioro del retorno sobre el capital invertido. Burry redirigió su apuesta hacia JD.com y declaró que no regresará a Alibaba hasta que el precio se recorte a la mitad.
El COHEP alertó que dos millones de hondureños carecen de empleo adecuado y que el crecimiento del 3,6% resulta insuficiente para absorber la demanda laboral. La presidenta del consejo empresarial exigió mejores condiciones de inversión, financiamiento para pymes e infraestructura hídrica.
Panamá debate el proyecto del embalse Río Indio como respuesta a la escasez de agua que amenaza la competitividad del Canal frente a la ruta ártica impulsada por China y Rusia. La obra afectaría a más de 3.375 familias y 230 comunidades, lo que convierte la decisión en un dilema entre soberanía económica y desplazamiento social.
La provincia argentina de La Rioja presentó una querella contra Milei y Caputo por el desvío de fondos viales del SisVial. La investigación reveló que solo una cuarta parte de lo recaudado por ese fondo se destinó a su propósito original, con obras paralizadas como evidencia del perjuicio.
Buenos Aires aprobó la resolución 170/SECT/26, que habilita pruebas en vía pública de vehículos autónomos de nivel 4 SAE y robots de reparto de última milla. La medida abre un nuevo mercado urbano para la tecnología de movilidad autónoma en América Latina.
Beast Industries, el holding de Jimmy Donaldson, está valorado en 5.000 millones de dólares, pero su fundador afirma tener flujo de caja negativo porque reinvierte la totalidad de sus ingresos. Donaldson reveló que llegó a pedir dinero prestado a su madre para financiar su próxima boda.
Una investigación universitaria conjunta detectó que nueve plataformas de monitoreo laboral de uso extendido compartieron nombres, correos electrónicos y datos de navegación de empleados con 145 dominios de terceros, incluido el motor de búsqueda ruso Yandex. Las plataformas no divulgaron claramente estas transferencias a los trabajadores ni a las empresas clientes.
Buc-ee's, la cadena texana de tiendas de conveniencia, demandó por marca registrada a un pequeño local de Ohio que incluye un castor en su nombre. La acción legal desencadenó boicots, una resolución del ayuntamiento local y una campaña de financiamiento colectivo que recaudó 69.000 dólares, reabriendo el debate sobre los límites de la protección de marca.
Xiaomi colocó los Redmi Buds 6 a 209 pesos en Amazon México, uno de los precios mínimos históricos del producto en esa plataforma. La oferta posiciona los audífonos inalámbricos dentro del ecosistema de la marca a un precio equivalente al de una comida en restaurante.
La Ciudad de México avanza en la construcción del Cablebús Línea 4, obra valorada en 4.700 millones de pesos que registra apenas un 20% de avance. Sheinbaum y Brugada supervisaron los trabajos en la estación Universidad; la entrega no se espera antes de diciembre de 2027.








































































































































