El Canal de Panamá enfrenta un problema que no debería existir: insuficiente captación y almacenamiento de agua para sostener operaciones plenas durante la estación seca. Al mismo tiempo, numerosas comunidades panameñas —incluida la capital— no reciben agua potable de forma continua. Dos fallas distintas, una misma causa de fondo: décadas de decisiones postergadas.
La solución para el Canal apunta al reservorio del río Indio. Sin embargo, según La Prensa, esa obra «llegará tarde frente a las necesidades actuales». El diagnóstico es claro: menos agua equivale a menos tránsito, y menos tránsito equivale a menores ingresos para el Estado panameño. El Canal no es solo una vía marítima; es el principal motor fiscal del país. Cada restricción operativa tiene un costo directo para el contribuyente y para la competitividad del hub logístico regional.
Para la población civil, el problema es aún más básico. La gestión del agua potable —desde su producción hasta el mantenimiento de la red de distribución— sigue sin garantizar un suministro confiable. No se trata de escasez natural: Panamá figura entre los cinco países más lluviosos del planeta. Se trata de gestión, infraestructura y voluntad institucional.
La paradoja que describió Samuel Taylor Coleridge hace más de dos siglos —agua por todas partes y sed de todas formas— resulta una metáfora incómoda para un Estado que administra uno de los activos estratégicos más valiosos del comercio mundial.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso del agua en Panamá ilustra con precisión el costo real de la burocracia y la postergación política. El reservorio del río Indio no es una novedad técnica; es una decisión que debió tomarse años atrás y que el aparato estatal demoró hasta que el problema se volvió urgente. Cuando el Estado administra recursos estratégicos sin horizonte de largo plazo, quien paga el precio es la economía productiva: menos capacidad en el Canal significa menos retorno sobre el activo más valioso que tiene el país.
El gobierno de Mulino hereda una deuda de infraestructura hídrica que no generó, pero que debe resolver. La estabilidad jurídica y la atracción de inversión que Panamá necesita para consolidar su posición como hub regional dependen, en parte, de que el Estado demuestre capacidad de gestión sobre sus propios recursos. El agua no es solo un derecho; es también un insumo productivo. Y hoy, ese insumo está mal administrado.
