El gobernador de La Rioja, Quintela, formalizó la constitución de la provincia como querellante en la causa que investiga el desvío fraudulento de más de $1 billón correspondientes al Sistema Vial Integrado (SisVial). La presentación fue patrocinada por el abogado y dirigente peronista Yoma.
La denuncia apunta contra el presidente Milei, el ministro de Economía Caputo y otros funcionarios. Solicita que se investigue la posible comisión de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El desvío salió a la luz a partir de una investigación de LA NACION, que documentó que solo una cuarta parte del total de lo recaudado por el SisVial se destinó a su objetivo de origen. La misma fuente consignó que un billón y medio de pesos permanecía colocado en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos.
Según el posteo de Yoma en X, La Rioja aportó documentación vinculada con el «grave perjuicio» que habría provocado la paralización de obras viales estructurales. Entre ellas destacó el Corredor Bioceánico que conecta La Rioja, Chilecito y Pircas Negras con Chile, al que calificó como una «obra de interés estratégico para el país».
Ya existía una denuncia penal previa presentada por la diputada nacional Tolosa Paz. La incorporación de La Rioja como querellante amplía el frente judicial contra la administración nacional en esta causa.
El caso pone sobre la mesa una tensión de fondo: los fondos del SisVial son recaudación con destino específico, no gasto discrecional. Que una fracción haya sido colocada en títulos públicos y plazos fijos —en lugar de ejecutarse en infraestructura— plantea preguntas legítimas sobre la gestión de recursos afectados. Sin embargo, el contexto importa: el gobierno de Milei heredó un aparato estatal con décadas de obras paralizadas, sobreprecios y contratos inflados, y su política de ajuste fiscal implicó revisar la ejecución de partidas en toda la administración.
Desde la línea editorial de Ágora Capital, el principio es claro: los fondos con destino específico no son caja de libre disponibilidad, pero tampoco la querella de un gobernador peronista —con patrocinio de un histórico del PJ— es garantía de que el señalamiento sea técnicamente sólido. El mercado y los contribuyentes merecen una investigación judicial rigurosa, no una disputa política disfrazada de causa penal. Los jueces tendrán la última palabra.
