La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) endureció su ofensiva contra los cárteles. Ya no persigue solo cuentas individuales. Ahora busca desmontar las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales, afirmó Omar Reyes, titular del organismo.
Los números primero. Entre 2024 y 2026, la UIF incorporó a 2,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. Inmovilizó 24,622 cuentas por un monto cercano a 8,670 millones de pesos. De esas cuentas, 7,861 están vinculadas con las organizaciones criminales de mayor presencia en el país.
Reyes fue directo: «Setenta por ciento de los aseguramientos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera están relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad de este país». Cada bloqueo va acompañado de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo es que el hallazgo financiero se traduzca en proceso judicial.
La estrategia se apoya en Estados Unidos. Justin Campbell, jefe adjunto de la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), advirtió que los delitos financieros cruzan fronteras. «Nos necesitamos unos a otros para tener éxito», dijo. Por primera vez, la UIF cuenta con una unidad que intercambia información a diario con agencias estadounidenses. También coordina con el Grupo Egmont y con corporaciones policiales mexicanas.
La banca privada juega su parte. La UIF mantiene intercambio permanente con la Asociación de Bancos de México (ABM) para detectar operaciones inusuales. Reyes aclaró un punto clave: detectar una operación inusual no es, por sí mismo, el resultado de una investigación. La información debe analizarse y, si hay elementos suficientes, orientar el trabajo de las autoridades.
El organismo también creció. La plantilla pasó de 183 a 293 servidores públicos entre 2024 y 2026. Reyes lo planteó como un reto pendiente: convertir información financiera en inteligencia útil para las investigaciones.
El mercado ya votó por la trazabilidad. Un sistema financiero limpio es condición para que el capital circule sin sospecha y sin riesgo país adicional. Cortar el flujo de dinero al crimen organizado no es solo un asunto de seguridad pública; es también una condición para la inversión y la libre empresa, que necesitan reglas claras y bancos que no sirvan de puente al lavado.
Pero el bloqueo de cuentas no es sentencia. La cifra de 24,622 cuentas inmovilizadas impresiona en el papel; lo que falta ver es cuántas de esas denuncias ante la FGR terminan en condenas firmes. Sin ese eslabón judicial, la ofensiva financiera corre el riesgo de quedarse en estadística. El verdadero test de esta estrategia no se mide en pesos congelados, sino en juicios ganados.
