La Universidad de Panamá proyecta administrar $379.4 millones en 2027, según la sustentación presupuestaria presentada ante la Asamblea Nacional. De ese monto, $354 millones —el 93.4%— se destinan a funcionamiento, mientras que apenas $25 millones, el 6.6%, irán a inversión.
Los números primero. La institución cuenta con 9,389 funcionarios: 4,674 administrativos y 4,715 profesores. El diputado independiente Jhonatan Vega pidió al rector Eduardo Flores precisar cuánto absorbe el gasto de personal y cómo evolucionó la planilla en los últimos cinco años. Esa información no fue presentada durante la sesión.
En su lugar, Flores expuso la relación entre estudiantes y funcionarios: de 13 estudiantes por cada administrativo en 2016 a 18.4 actualmente, y de 13.3 a 18.7 estudiantes por profesor. Con esas proporciones, la matrícula actual puede estimarse en más de 86 mil estudiantes.
El presupuesto de 2027 representa un incremento de $61.9 millones (19.5%) frente a los $317.5 millones de 2026, aunque sigue por debajo de los $395 millones recibidos en 2025. De los $25 millones para inversión, la prioridad será concluir obras pendientes —como el Centro Regional de San Miguelito, el gimnasio de Bocas del Toro y el edificio de Panamá Oeste— antes que iniciar proyectos nuevos.
Vega también cuestionó partidas específicas: $289,613 en conjunto para promoción, publicidad y anuncios; $791,498 en viáticos; y $1 millón en servicios personales que, según aclaró posteriormente la administración, corresponde al aumento de horas de profesores a tiempo parcial por el crecimiento de la matrícula. Además se contemplan $356 mil en becas y $306,689 en incentivos por formación profesional de administrativos.
Flores respondió a los cuestionamientos destacando que las publicaciones en revistas de alto impacto pasaron de 52 a 256 y que la cantidad de revistas de investigación subió de 10 a 25. También explicó que el Consejo Académico decidió no validar títulos de universidades extranjeras sin acreditación en sus países de origen.
El mercado ya votó sobre este tipo de estructuras: cuando el 93% de un presupuesto público se consume en funcionamiento y solo el 6.6% en inversión, la pregunta no es retórica. Es la que hizo el diputado Vega y que la Universidad de Panamá no respondió: cuánto cuesta realmente la planilla y a qué ritmo crece frente a la matrícula que se supone debe justificarla.
Capital busca reglas claras, y en el gasto público esas reglas claras se llaman transparencia. Un incremento de 19.5% en un año, financiado con dinero de los contribuyentes, exige algo más que indicadores de proporción estudiante-funcionario. Exige cifras de planilla, año por año, que cualquier junta directiva privada tendría que entregar sin que se le pidan dos veces.
